El pacto judicial pincha antes de arrancar

Las posiciones de inicio del que puede ser el primer pacto de la legislatura entre PSOE y PP complican el acuerdo. Los populares elevarán sus exigencias para proceder a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) -en funciones desde hace 16 meses- y del Tribunal Constitucional -pendiente de los cuatro magistrados que debe nombrar el Senado-. Durante año y medio las negociaciones con el PSOE han estado bloqueadas. Ahora, el PP prepara un borrador de Pacto de la Justicia en el que se incluye una batería de propuestas que obligarían a los socialistas a renunciar a parte de su programa electoral.

Los populares entregarán su propuesta esta semana al PSOE

Los socialistas consideran que debe procederse a la renovación, independientemente del acuerdo sobre asuntos de justicia, por considerar que es insostenible mantener instituciones constitucionales en situación de interinidad. Sin embargo, el PP plantea una negociación en paralelo que condicione ambos acuerdos. Fuentes del PSOE explican que, en todo caso, el acuerdo sobre justicia debe referirse sólo a la modernización de los órganos judiciales. Por ejemplo, el compromiso de aumentar los presupuestos y crear una base de datos común a todos los juzgados.

Está en juego la constatación del cambio del clima político en la nueva legislatura y la voluntad de acuerdos. A la negociación sobre la justicia le seguirán otras como la del consenso en la lucha antiterrorista. La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, y su responsable de justicia, Ignacio Astarloa, preparan el borrador de pacto que entregarán en los próximos días al PSOE y en el que se remite a futuros acuerdos sobre reformas legales durante la legislatura.

Según fuentes del PP, mencionarán propuestas concretas del programa del PSOE. Así, habrá una referencia a la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal, comprometida por los socialistas. El PP rechaza que esa futura ley deje en manos del fiscal la investigación de los asuntos penales y pretende que el PSOE se comprometa a no aprobarlo en esos términos. El programa socialista apostaba "por encargar al fiscal la dirección de la investigación con criterios objetivos, generales, imparciales, homogéneos y estrictamente sujetos al principio de igualdad ante la ley, bajo el control judicial de un juez de garantías".

El otro gran bloque que el PP pretende pactar es el referido a la reforma del modelo del Consejo General del Poder Judicial, en su descentralización y en su funcionamiento. Los populares pretenden pactar su reforzamiento, sin descentralización, y el programa del PSOE propone "la desconcentración del gobierno del Poder Judicial", creando "los consejos de Justicia en las comunidades". El Estatuto catalán, por ejemplo, prevé en su artículo 98 la creación de un Consejo de Justicia de Cataluña "como órgano de gobierno del poder judicial en Cataluña" y con competencias cedidas del CGPJ. Los partidos nacionalistas exigen el desarrollo de este precepto y fuentes del PP aseguran que pedirán al Gobierno que elija ahora con quién quiere pactar el futuro modelo judicial, antes de proceder a la renovación del Consejo.

El PP rechaza también la propuesta del PSOE para evitar futuras situaciones de bloqueo del Consejo y que no pueda permanecer en funciones como ocurre ahora. El programa socialista proponía "establecer un plazo máximo para la renovación, produciéndose el cese automático de sus miembros cuando se rebase dicho plazo". El PP rechaza también la propuesta del PSOE para modificar el estatuto de los vocales para, por ejemplo, obligarles a comparecer en el Congreso cuando sean requeridos.

El PP también incluirá dos asuntos que se debatieron la anterior legislatura, pero que decayeron por falta de apoyo: la justicia de proximidad y la reforma del recurso de casación. En este asunto, los dos partidos estuvieron a punto de un acuerdo que, finalmente, no fue posible.