Educación quiere aplazar a 2023 lo que debe a las universidades

La Generalitat ha puesto negro sobre blanco lo que debe a las cinco universidades públicas: 717 millones de euros (120.000 millones de pesetas). Una cantidad formidable que resulta de sumar lo que dejó de entregar en 2007 (417 millones de euros); el convenio de inversiones suscrito por el presidente Camps en 2005 (150 millones), y el dinero correspondiente a este año que ya se ha declarado incapaz de reunir (140 millones). El Consell ha trasladado también su propuesta para liquidarlo: ir pagando en cómodos plazos... hasta 2023.

La actual situación financiera de las universidades va de grave a desesperada

Los rectores consideran la oferta inaceptable. Y creen que la estrategia de la Generalitat, a la que las deudas le llegan al cuello, consiste en forzar que sean las universidades las que se endeuden. Pedir cada año una póliza de tesorería para sobrevivir al ejercicio dejará sin margen de maniobra al sistema académico valenciano, avisan. "Con esa propuesta es imposible que podamos funcionar", afirma un dirigente universitario.

La situación financiera de las universidades, desde Castellón a Elche, ha ido degenerando en los últimos meses. A estas horas, se mueve entre grave y desesperada. Los impagos hacia el final de cada ejercicio se hicieron habituales hace años. Pero nunca habían empezado tan pronto como en 2007 (cuando las facultades dejaron de recibir dinero en agosto), y siempre se les había reintegrado en enero del año siguiente. No hay más que echar un vistazo al calendario (segunda quincena de abril) y observar la parsimonia del Consell para deducir su táctica negociadora: cuanto más crítica sea la situación de las facultades, mejor.

La Universitat de València ha tenido que aplazar a ocho meses los pagos a sus proveedores por falta de tesorería. Pero todos los rectorados están buscando dinero debajo de las piedras. Y desviando, por ejemplo, fondos de investigación europeos, estatales y autonómicos (que son finalistas, es decir, que sólo se pueden dedicar a los proyectos para los que fueron concedidos, con la obligación de acreditarlo una vez finalizados) a pagar nóminas y recibos de la luz. Las cuentas de la Universitat se hallan, sin embargo, en una situación más delicada, entre otras cosas, porque a finales de 2007, después de retrasarlas más de un lustro, empezó las obras de la nueva escuela de Magisterio en el campus de Tarongers.

La diputada socialista Ana Noguera declaró ayer que la "asfixia económica a las universidades públicas pone en riesgo la calidad de nuestro sistema educativo y el conocimiento de nuestros jóvenes".

Las universidades aguardan la propuesta formal del Consell para reunirse y diseñar su contraoferta. Contendrá, probablemente, tres condiciones: que el compromiso sea ratificado por un acuerdo del Consell ("ya firmamos dos convenios que no han servido para nada"); que los presupuestos de la Generalitat recojan la cantidad pactada con las universidades (y no mucho menos, como viene sucediendo), y la garantía de que el volumen de gasto se mantendrá en el futuro, ya que los rectores temen que Educación trate de rebajar sus fondos a partir de 2009.