Consumo controlará la carrera de ofertas para vender pisos

Pisos con coche de regalo, plaza de aparcamiento gratis, 50.000 euros de descuento, un año de hipoteca gratis... Las inmobiliarias se han lanzado a la carrera de las ofertas y los anzuelos publicitarios para tratar de vender unos pisos que les queman en las manos ahora que ha llegado el fin de fiesta del sector del ladrillo y están endeudadas con los bancos, como sus clientes.

La Generalitat multó en 2007 a las inmobiliarias con 363.300 euros

Esta espiral ha llevado a la Generalitat a poner en marcha para 2008 una campaña de inspección en el sector inmobiliario para controlar, sobre todo, posibles casos de publicidad engañosa. "El parón inmobiliario ha llevado a las empresas a hacer una publicidad más agresiva, tienen mucha presión por vender, y debemos velar por que todo eso que anuncian sea veraz", explica Jordi Anguera, director de la Agencia Catalana de Consumo.

Las cifras acotan el debate respecto al sinvivir del sector del ladrillo: la caída de las ventas llega a la mitad en algunas comunidades y el precio de los pisos ha crecido por debajo de la inflación por primera vez en 10 años.

Consumo acostumbraba a controlar hasta ahora que la información que se ofrecía de una vivienda en cuanto a calidades y acabados era la correcta y que las cláusulas no fueran abusivas, pero el nuevo panorama ha disparado las alarmas en otros aspectos, ya que "han surgido conceptos nuevos, regalo de coches, sorteos, aparcamientos, y ahora hay que comprobar que todo eso es cierto", recalca Anguera.

La campaña de inspección del sector inmobiliario será una de las más importantes de Consumo este año, aunque el año pasado ya fueron investigadas un centenar de empresas a las que se impusieron sanciones por un total de 362.300 euros. Consumo recibió 297 reclamaciones y 300 denuncias y abrió 159 expedientes sancionadores.

Muchas de estas irregularidades tienen que ver con las cláusulas abusivas, como aquellas que obligan a subrogar la hipoteca con algunas entidades o con las del anterior propietario, lo que no es ninguna obligación para el comprador, o aquellas que exoneran de responsabilidad al vendedor o al promotor en caso de que surjan problemas con la vivienda, cuando todo piso o casa nueva tiene una garantía de 10 años. "Cualquier juez invalida esa cláusula porque no es legal; el problema es que el consumidor, si no lo sabe, al leer que lo ha firmado puede que no vaya a reclamar a ninguna parte porque no sabe que tiene derecho", explica Anguera. Y tener una fecha de entrega de la vivienda fijada es otro compromiso que debe recoger todo contrato de compraventa. Tampoco la penalización por dar marcha atrás en la adquisición de una vivienda puede ser "desproporcionada", sobre todo si ésta es muy inferior cuando es el vendedor el que decide no vender.

Consumo también advierte de que el importe de la paga y señal o las arras que el comprador paga en el contrato previo debe estar garantizado por el vendedor o el intermediario mediante un aval o seguro.