Reportaje:

Siete niños en una guardería vacía

La primera huelga de escuelas públicas infantiles contra la reducción de la calidad de los servicios a los niños logra un respaldo masivo

El cartel cubre el lateral de la fachada. "No es por mí, es por tu hijo". La escuela infantil pública Alfar, en Vallecas, está casi vacía a las nueve de la mañana. Sólo han entrado cinco de sus 90 alumnos. Un grupo de maestras explica en la puerta a los pocos padres que llegan con sus hijos que hoy están de huelga, mientras pintan más pancartas para colgarlas en los trozos de muro que aún están limpios. Cecilia aparece con su niña Melanie de la mano. Y como llega, se da la vuelta. "Nos marchamos porque trabajo por la tarde y ahora puedo cuidarla un ratito". Apoya a los maestros porque "juntar a 20 niños en una clase es una barbaridad".

El decreto regional que establece los requisitos mínimos para abrir una guardería, aprobado en marzo por la Comunidad de Madrid, ha puesto en pie de guerra al sector educativo. Claman por la "dignidad" de la enseñanza infantil y contra lo que consideran una privatización encubierta del sector. 5.000 docentes de esta etapa estaban ayer llamados a la primera huelga de la historia de las escuelas infantiles públicas de Madrid, donde cada día acuden 27.000 menores de seis años. La respaldaron más del 90%, según los convocantes, o el 53%, según la Consejería de Educación, que fijó los servicios mínimos en el 25% del personal.

El año pasado 30.000 alumnos se quedaron en lista de espera

El documento de mínimos rebaja la cualificación necesaria para trabajar como educador y aumenta el número máximo de alumnos por aula. En las clases de uno a dos años pasará de 12 a 13 menores. En el tramo de dos a tres años, de 16 a 20. Y permitirá abrir centros sin patio propio. Basta un espacio público cercano al que se pueda acceder sin cruzar una carretera para que los niños vayan al recreo.

Nada que ver con otro centro de Vallecas -que la directora enseña a cambio de que no aparezca el nombre-. Todo el recinto está rodeado de grandes ventanales. Desde cada uno se ve y se accede a un enorme patio con espacios separados para cada edad por pequeñas vallas. Ninguno de sus 150 alumnos corretea hoy entre los columpios. Aulas diferenciadas, cocina propia, biblioteca, un rincón donde los niños toman contacto con el ordenador... Siete pequeños juegan en la sala de la entrada a primera hora de la mañana. Ira, de 41 años, entrega a su hijo a la carrera porque asegura no puede dejarlo en otro sitio. "Todos mis familiares trabajan". Se va corriendo a la casa de Rivas Vaciamadrid donde está empleada como servicio doméstico. Comparte la protesta, asegura, pero el deber manda.

"No entiendo por qué quieren meter a más niños aquí, tendrían que abrir más escuelas", comenta Milagros, con su hijo Dani, de dos años, en brazos. Han pasado por el centro por casualidad, para saludar a las maestras. Ambos secundan la huelga en la escuela Alfar. Ellas pueden comparar. El niño, de dos años, pasó su primer añito en la privada. Lo que más le gusta de la pública es que la dejan entrar con su hijo al centro y no la obligan a soltarlo en la puerta sin más. También el personal, la comida... y el precio. Antes pagaba 400 euros al mes. Ahora, 128.

"Casi todos los padres nos apoyan y se han quedado con sus hijos", explica una docente. La Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA) Giner de los Ríos, que representa al 80% de asociaciones de la región, respalda la protesta. "El decreto no ha tenido en cuenta los derechos de los niños ni la calidad, sólo la cantidad", explica su portavoz, José Luis Pazos. La Consejería defiende que las nuevas ratios del decreto permitirán que 3.000 niños más accedan a una plaza el año que viene. Sumadas a otras 3.300 creadas este año, ofertan 6.600 vacantes más.

La cifra no basta. El año pasado 30.000 niños se quedaron en lista de espera, según los sindicatos, que ven un intento de privatización del sector tras la normativa. "Quieren abaratar la escuela infantil para poder privatizarla más tarde", según un portavoz de UGT. "La solución no es privatizar y fomentar la proliferación de guarderías garaje o chiringuitos, sino desarrollar la red pública", añade otro de CC OO.

CRISTÓBAL MANUEL

"Un gran retroceso"

"Tratar de arreglar la carencia de plazas a costa de la calidad educativa es un gran retroceso", sostiene Mario Martín, experto en Pedagogía de la Universidad de Alcalá de Henares. "La comunidad educativa no sale de su asombro, estábamos orgullosos de nuestro modelo y creo que en Madrid está dejando de ser un referente". Martín asegura que el decreto que regula los requisitos mínimos recién aprobado por la Comunidad de Madrid "no se ha pensado en clave pedagógica, sólo en clave de gestión"."Con 20 niños de uno a dos años por aula y profesional [cuatro niños más que antes del decreto] no se puede garantizar la seguridad física de los pequeños y, menos aún, su desarrollo emocional", añade Carmen Ferrero, portavoz de la Junta de Portavoces de Escuelas Infantiles que también secunda la huelga. Pepa Alcrudo, de la Plataforma 0-6, apunta más arriba. "Pedimos al Gobierno de España que regule los mínimos para evitar situaciones como ésta". Alcrudo sostiene que de la Ley Orgánica de Enseñanza (LOE) "han salido las grietas por las que se escapan a chorros todos los abusos que vemos ahora".

* Este artículo apareció en la edición impresa del jueves, 17 de abril de 2008.

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