Sanidad abre la vía privada en la gestión de los ambulatorios

Es un pequeño cambio para un ambulatorio, pero una gran novedad para la sanidad pública. La Consejería de Sanidad se dispone a abrir la puerta, por primera vez, a la gestión privada de un centro de especialidades, hasta ahora coto cerrado junto a los centros de salud de la gestión pública en la atención médica a los ciudadanos. El Gobierno de Esperanza Aguirre también ha dado en el último año el mismo paso en la atención hospitalaria de 1,5 millones de madrileños.

El centro de especialidades Pontones, situado en la ronda de Segovia y que atiende a una población de casi 300.000 personas, pasará a estar gestionado a fin de mes de forma compartida entre la propia Consejería de Sanidad y la empresa Capio, multinacional propiedad de un fondo de capital riesgo que gestiona la Fundación Jiménez Díaz y el hospital de Valdemoro.

Los médicos de Capio, que ha contratado al menos a seis ginecólogos, otorrinos y cardiólogos, según fuentes de la empresa, aterrizarán en el centro en dos semanas, cuando terminen las obras de remodelación de la cuarta planta del edificio. Sanidad defiende la medida como una reorganización administrativa de la zona centro de la capital.Los médicos de Capio pasarán a atender las primeras consultas de especialista de los aproximadamente 200.000 habitantes de los barrios de Universidad, Cortes, Palacio, Embajadores, Imperial, Acacias y Palos de Moguer. Los médicos de la Consejería de Sanidad, por su parte, seguirán haciéndose cargo de los pacientes de esta zona que ya atendían hasta ahora y asumirán 80.000 nuevos ciudadanos del centro de especialidades Aguacate, situado en Carabanchel. Este ambulatorio sufre actualmente una elevada presión asistencial.

Junto al personal facultativo, Capio trasladará a Pontones el personal administrativo necesario para gestionar las agendas de citas de los facultativos y demás documentación médica. Sanidad y Capio no han hecho público hasta el momento si también se incorporará a Pontones personal de enfermería de la compañía.

Esta decisión de Sanidad supone un nuevo paso en la cesión creciente a la iniciativa privada de equipamientos públicos de la red sanitaria, emprendida por Esperanza Aguirre desde su llegada a la presidencia regional en 2003. Hasta ahora, sin embargo, esta cesión se había limitado a hospitales, mientras Sanidad se había reservado para sí la atención en centros de salud y ambulatorios.

Los 200 trabajadores de Pontones celebraron ayer una asamblea en la que rechazaron unánimemente la decisión de Sanidad. "Los trabajadores de un centro público no podemos permitir ni tolerar que el Gobierno regional entregue la gestión de parte del equipamiento a una empresa privada, cuyo fin es el lucro y no el cuidado de la salud de la población", explicó José Povedano, delegado de UGT.

Éste califica de "caballo de Troya" la entrada de Capio en los ambulatorios y alertó de que "con la presencia de sus médicos, la empresa podrá derivar y facturar a Sanidad miles de pruebas diagnósticas que hasta ahora se hacían en Pontones con medios públicos hacia sus instalaciones de la Fundación Jiménez Díaz". Povedano también denunció que "cientos de análisis de sangre que hasta ahora se hacían diariamente con recursos públicos serán enviados a los laboratorios de Capio".

Los trabajadores estiman que la consejería, cuyo titular es Juan José Güemes, puede estar ensayando en Pontones nuevas fórmulas de gestión privada en los centros de salud y especialidades para luego "extenderlos a toda la red pública". "Aguirre puso en marcha nada más llegar al Gobierno una política de privatización de la sanidad pública que no deja de crecer", denunció Povedano. "Éste es el penúltimo paso para poner en manos privadas toda la red pública", concluyó Povedano.

La Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), por su parte, calificó de "privatización encubierta" la medida y apoyó las movilizaciones de los trabajadores para "el mantenimiento de Pontones como un centro sanitario exclusivamente público".

La asociación también criticó que Sanidad lleve a cabo estos cambios de "manera claramente ilegal" y "casi clandestina" con el fin de "evitar y esconder las repercusiones sociales y políticas".