Los 9 inmigrantes estafados en Bilbao no serán expulsados

Los nueve inmigrantes que ganaron la primera causa por estafa masiva a este colectivo en Euskadi durante el proceso de regularización no serán expulsados. Pese a que están en situación irregular, el Gobierno central no actuará contra ellos, según aseguró a este diario un portavoz de la Sudelegación en Vizcaya.

La ley de Extranjería contempla la regularización inmediata para los afectados que denuncien ilegalidades, en caso de una sentencia judicial firme. El fallo se produjo el pasado 13 febrero -una empresaria de Bilbao fue condenada a 18 meses de cárcel y a devolver los 7.550 euros que cobró a nueve extranjeros por tramitar una documentación que no tenía ninguna posibilidad de aprobarse-, pero los inmigrantes siguen sin recibir el permiso. La Subdelegación en Vizcaya señaló ayer que la decisión corresponde al Ministerio de Interior, y en concreto la Secretaría de Estado de Seguridad, que tiene este expediente desde hace casi dos años. "Está recabando información para tener una doctrina general", explicó el portavoz de la Subdelegación, quien señaló que no existe ningún plazo para que adopte esa decisión.

"Aunque estén en situación técnicamente irregular, la ley de Extranjería es tremendamente garantista, porque no se puede actuar contra ellos hasta que haya una resolución [del Ministerio del Interior]". Los afectados recibieron un permiso de residencia por un año tras denunciar el fraude, pero caducó el pasado marzo. Harresiak Apurtuz, la organización de apoyo a los inmigrantes que denunció las estafas en el proceso de regularización, ha reclamado el permiso definitivo tras la sentencia judicial firme.

Este pleito es sólo una parte de la trama destapada a finales de 2005 por Harresiak Apurtuz, que descubrió cuatro redes diferentes de estafas. El juicio más importante, con 34 personas afectadas a las que una abogada y un supuesto empresario cobraron 30.000 euros, se ha aplazado por segunda vez y ahora se ha señalado para el 13 de mayo.