La Fiscalía apremia a la juez para investigar la Cidade da Cultura

La Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha solicitado al juzgado que lleva el caso de la Cidade da Cultura, el de instrucción número 1 de Santiago, la entrega de la documentación que haya recabado a los tres peritos policiales que se encargan de investigar desde hace un par de semanas las supuestas irregularidades en el macrocomplejo arquitectónico del monte Gaiás. El escrito menciona expresamente el informe que realizó el Consello de Contas sobre las obras y el dictamen que la comisión investigadora del Parlamento gallego emitió a finales del pasado mes de diciembre. Ambos concluyeron que el Gobierno de Manuel Fraga es responsable del descontrol económico de las obras del Gaiás, que triplicó su presupuesto inicial hasta superar los 400 millones de euros.

El ministerio público también ha solicitado a la Fundación Cidade da Cultura - el organismo dependiente de la Xunta que gestiona el proyecto- el resto de los documentos que no aportó en su momento a la investigación judicial. Esta medida refuerza la intención de la Fiscalía de Galicia de llevar el peso de las investigaciones para determinar si hubo irregularidades en la gestión del macroproyecto que la Xunta del PP acometió en el monte compostelano.

Fue precisamente el ministerio público que dirige el fiscal jefe del Tribunal Superior de Xustiza, Carlos Varela, el que recuperó la instrucción judicial de la Cidade da Cultura. La primera denuncia había sido presentada el pasado agosto por dirigentes sindicales de la CIG en la Administración autonómica, y fue archivada en un primer momento por la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago, María Elena Fernández Currás.

El pasado 22 de enero, la magistrada admitió el recurso presentado dos meses antes por la Fiscalía contra el sobreseímiento, al estimar que podría haber indicios de hechos "penalmente relevantes". "Si hay que enterrar algo, hay que hacerlo como se debe, públicamente y con los ritos correspondientes", había comentado en su momento Carlos Varela. El juzgado compostelano, actualmente regido por una juez sustituta a la espera del nombramiento de una titular, había decretado entonces que las diligencias a efectuar deberían ser periciales. Asimismo, solicitaba a la Fiscalía que designase los aspectos a indagar y los peritos que desarrollasen esa labor.

La Fiscalía requirió entonces la ayuda de la Jefatura Superior de Policía, que comisionó a un equipo de tres expertos en delitos económicos y en blanqueo de dinero, dirigidos por un inspector jefe. "Las cuentas pueden cuadrar contablemente, pero lo que hay que ver es si detrás de los números hay actuaciones punibles, y para ello nada mejor que el método detectivesco", señalan fuentes de la investigación. Lo que la pesquisa pericial trata de establecer es si hubo desvío o apropiación de fondos, tanto en el contrato con el arquitecto Peter Eisenman, por un valor superior a 12 millones de euros, como en las adjudicaciones realizadas por el anterior Gobierno gallego, varias de ellas cuando ya estaba en funciones.

El resultado de las averiguaciones, en caso de ser positivo, le permitiría al fiscal encargado del asunto, José Luis Lojo, la posibilidad de llamar a declarar a ex altos cargos de la Xunta como testigos o incluso como imputados. La anterior juez había negado una primera petición en ese sentido. La segunda solicitud, caso de haberla, recaería en la nueva titular del Juzgado de Instrucción Número 1.