El alcalde de Oropesa, del PP, ante el juez por prevaricación

El Juzgado número 3 de Castellón acogió ayer la declaración del alcalde de Oropesa, Rafael Albert, del PP, imputado por un presunto delito de prevaricación tras vender suelo municipal a un precio de seis euros el metro cuadrado y sin sacarlo a subasta pública. Además del alcalde, la denuncia presentada por la fiscalía de Castellón señala también al resto de concejales del PP de la anterior Corporación, a los ediles del grupo independiente y a un expulsado del PSPV, que también votaron a favor; a los constructores que compraron el suelo y al arquitecto municipal. Uno de los promotores a los que se les vendió el suelo es primo del edil de Urbanismo.

El Grupo Ecologista para el Estudio y Conservación de los Espacios Naturales (GECEN) presentó una denuncia poco después de que el Ayuntamiento aprobara la venta. El fiscal la archivó alegando que se trataba de un asunto "administrativo". Hace unos meses, la fiscalía, que ahora encabeza Javier Carceller, reabrió el caso y presentó denuncia ante el juzgado.

Los hechos se remontan a 2003, cuando el Ayuntamiento de Oropesa adjudicó a la empresa Cantavella y Tamborero un desarrollo urbanístico, de más de 100.000 metros cuadrados, como ampliación de una urbanización ya existente, El Balcó, junto a la playa de La Renegà. La propuesta del entonces y ahora responsable de Urbanismo, Tomás Fabregat, incluía la adjudicación del programa a esa mercantil y la venta de más de 10.000 metros cuadrados de suelo municipal, procedentes del 10% de aprovechamiento que los promotores han de ceder a los Ayuntamientos. Los propios promotores marcaron el precio: seis euros por metro cuadrado, cuando en el mercado se pagaban 200 euros, según Gecen, que citó en su denuncia que en otros sectores el Ayuntamiento elevaba el precio a 240 euros por metro y que en la zona colindante, una vez urbanizada, llegó a 600 euros el metro.