El corporativismo, esa lacra enemiga del progreso

Varios son los escándalos judiciales que han acaecido en los últimos tiempos en Andalucía destacando sobre todo tres por su gran repercusión nacional. Uno de ellos es el del juez que en unión de Roca, cerebro presunto del escándalo marbellí, aparece implicado en él por haber recibido dinero para la compra de un piso. Imputado por ello, le pide tres años de prisión el fiscal, así como largos años de inhabilitación. Derecho tiene a la presunción de inocencia y hemos de respetarla, aunque, hasta el momento, no pinten bien las cosas para su persona. El Tribunal Superior decidirá.

Pero deseo centrarme en los otros dos. Se refiere uno de ellos al descontrol que sobre los presos tenia la titular de uno de los juzgados de Motril -que acaba de ser condenada por el Tribunal Superior-, lo que dio lugar a mantener en prisión en uno de los casos a quien había sido absuelto. Nadie, ni siquiera la juez de Motril, seguro estoy, desea que ello suceda. Pero cuando eso tiene lugar y se produce entre los ciudadanos el consiguiente escándalo, perfectamente comprensible, lo que no es de recibo es tratar de diluir las responsabilidades hacia el personal colaborador y la falta de medios.

Y el otro escándalo no es sino el asunto que ha acaparado la atención ciudadana y de los medios de comunicación, el que se refiere a la trágica muerte de la niña onubense Mari Luz. La reacción de la judicatura, en líneas generales, no ha sido a mi juicio adecuada, como no lo fue en principio la del portavoz de su órgano de gobierno, si bien convencido de su error rectificó con posterioridad.

Se ha abierto a ese magistrado expediente disciplinario por la posible existencia de una falta muy grave. El instructor tendrá que decidir si propone o no la suspensión provisional primero y, después, el archivo o sanción, decidiendo finalmente el Consejo. Y mientras tanto, los jueces no deben pronunciarse corporativamente y sí guardar un prudente silencio.

Dicho eso y respetando la presunción de inocencia de todo el mundo, ha de decirse que los jueces con sentido de la responsabilidad deben llevar un férreo y riguroso control de las prisiones y libertades dependientes de su juzgado y si son numerosas las sentencias que esperan su ejecución, ha de establecerse un orden atendiendo a las prioridades. Es lo que aconseja la más elemental prudencia. Atribuir la responsabilidad a la Administración, a la falta de medios o a los funcionarios que de ellos dependen es comprensible como medio de defensa, pero de todo punto rechazable desde lo que debe ser un funcionamiento normal de la justicia.

Las reacciones en tal sentido, seguidas de llamadas de atención anunciándonos que, en lo sucesivo, pueden producirse otros casos Mari Luz, es distraer a la opinión pública utilizando argumentos de claro color corporativista. Nunca he sido ni mejor ni peor compañero que los demás, pero he siempre rechazado, detestado más bien, el corporativismo, que no consiste sino en anteponer los intereses personales a los generales.

La Administración, Administraciones en Andalucía, deben poner los remedios necesarios para evitar los retrasos en la Justicia por el bien de los ciudadanos y por ser su obligación. Pero el control de cuanto afecta a las libertades y prisiones es única y exclusivamente responsabilidad de los titulares de los órganos judiciales, unipersonales o colegiados.

Históricamente sólo hay un colectivo que puede ser tildado de corporativismo sin que ello escandalice. Es el de los trabajadores que se aunaron para defender sus derechos ante las dentelladas de los amos y patronos que les negaban una vida digna. El sindical.

Donde hay un Cuerpo hay corporativismo en mayores o menores dosis. Lo hay entre los jueces, ídem entre los fiscales, pero la diferencia está en que los jueces, titulares de un poder del Estado, tienen en sus manos un gran poder. Ha de exigirse que hagan siempre buen uso de él y de él no abusen. Independientes, sí, pero responsables, también. Es lo menos si se tiene en cuenta que, a diferencia de los otros dos poderes, el judicial no se somete a las urnas, no careciendo por ello de legitimidad. Pero cada cosa en su sitio.

Juan José Martínez Zato fue vocal del CGPJ y teniente fiscal del Tribunal Supremo. Es concejal socialista del Ayuntamiento de Málaga.