Desbloqueo en el TC

El Tribunal Constitucional (TC) ha dado un paso importante hacía su normalización, al rechazar el recurso del Partido Popular contra la reforma de la ley orgánica de ese tribunal en lo relativo a la prórroga del mandato de su presidente en determinadas circunstancias. La reforma garantizaba la prolongación del mandato de su presidenta, María Emilia Casas, hasta su relevo como magistrada y la renovación parcial del tercio de sus magistrados correspondiente al Senado, que legalmente debió realizarse en diciembre pasado.

El recurso fue un episodio más de la batalla planteada por el PP contra el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, y su efecto más nefasto fue desestabilizar a este órgano y envenenar sus relaciones internas. Tampoco la reforma promovida por el Gobierno se concibe al margen de esa batalla, si bien tal reforma, como ha corroborado ahora el Constitucional, sólo hace legal lo que ya era costumbre en la vida interna del tribunal, y que tiene toda su lógica: hacer coincidir el cambio en la presidencia con la renovación, para evitar disfunciones.

Esta sentencia también avala la constitucionalidad de otro de los puntos de la reforma cuestionado por el PP: la participación de las comunidades autónomas en la designación de candidatos entre los que la Cámara alta elija luego a los cuatro designados. Despejado también ese obstáculo, un efecto del pronunciamiento del TC será acelerar la designación de los cuatro magistrados correspondientes al Senado, bloqueada desde diciembre.

La fórmula no sólo va en la línea deseable de reforzar el carácter territorial del Senado, sino que es análoga a la establecida en la anterior legislatura, a instancias del PP, en el proceso de elección parlamentaria del Consejo General del Poder Judicial: dar participación a los jueces en la preselección de candidatos que deben cubrir las 12 vocalías de planta judicial.

Lamentablemente, la decisión, aprobada por cinco contra tres magistrados, reproduce la división ideológica que viene lastrando la credibilidad del TC en los últimos tiempos. Remueve, en todo caso, uno de los obstáculos que se oponían a su renovación, y facilita con ello las negociaciones entre partidos necesarias para desbloquear la situación.