Un alto cargo municipal reconoce que varios ediles se interesaron por licencias
El juez Santiago Torres toma declaración a cinco funcionarios por el 'caso Guateque'
El Guateque sigue dando coletazos, aunque el grupo popular del Ayuntamiento dé por concluido el caso tras convertir la comisión de investigación municipal en una pantomima. La comisión apenas se reunió: un encuentro entre los concejales del PP, PSOE e IU para designar los portavoces y otra para poner punto final a la comisión porque los populares se oponían a que declararan altos cargos y concejales de gobierno.
Si el proceso político parece enterrado, el judicial sigue su curso. Ayer declararon ante el juez que instruye el caso, Santiago Torres, los dos primeros altos cargos del Ayuntamiento, a instancias de la Guardia Civil: el director general de Evaluación Ambiental, Manuel Tuero, y su antecesor y actual director General de Obras Públicas, Ramón Sánchez López de Luzuriaga. Aunque ambos declararon como testigos para explicar el funcionamiento administrativo de la concesión de licencias, su testimonio no estuvo ausente de polémica.
López de Luzuriaga reveló al juez que durante la época que ocupó el cargo, la pasada legislatura, recibió varias llamadas de concejales, gerentes de distrito y altos cargos municipales interesándose por la situación de varios expedientes de licencias, según informa Efe de fuentes judiciales. Por su parte, Tuero precisó que estos "intereses" eran de índole social, por la importancia de los locales, colegios, centros de salud. El alto cargo confirmó al juez que existía un retraso importante en el proceso de concesión de licencias. "Por eso", justificó Tuero, "se contrataron los servicios de la empresa semipública Tragsa".
El actual director general de Evaluación Ambiental, Manuel Tuero, reconoció ante el juez que cuando llegó a Medio Ambiente se encontró un gran caos en el proceso de concesión de licencias. Tuero informó al magistrado que cuando llegó al departamento se encontró con "irregularidades", pero no precisó de qué se trataba.
López de Luzuriaga, actual director general de Obras Públicas, también explicó los tramites que seguían los expedientes y precisó que su firma sólo aparecía en los expedientes que tuvieran un informe favorable porque así lo tenían establecido, y agregó que los informes negativos los firmaba Joaquín Fernández de Castro. Este funcionario es uno de los presuntos cabecillas de la mayor trama de corrupción del Ayuntamiento de Madrid.
El caso Guateque se inició hace casi un año con la investigación de la Guardia Civil a un grupo de funcionarios y otras personas que cobraban a los locales de ocio por agilizar las licencias urbanísticas.
"Los concejales tendrán que declarar"
Los pasillos de la octava planta de los Juzgados de Instrucción de Madrid estaban ayer muy concurridos. El juez que instruye el caso Guateque llamó a declarar como testigos a los dos primeros altos cargos políticos del Ayuntamiento de Madrid. Además, citó a la jefa de servicio de licencias de Urbanismo, Myrian Peón González, que acudió a petición de uno de los imputados, Fernando Torrejón, para responder acerca de "cuestiones técnicas internas del departamento". También declararon como imputados el empresario Mariano Jordán y el arquitecto José Antonio Menéndez, propietarios que supuestamente pagaron por agilizar la licencia de sus locales.
El portavoz socialista del Ayuntamiento, David Lucas, afirmó tras conocer la declaración del director general de Obras Públicas, quien reconoció que ediles y gerentes de juntas de distrito se interesaron por licencias, que "estos concejales y altos cargos tendrán que declarar ante el juez para explicar sus intereses en los expedientes". Según Lucas, "se abre una nueva vía de investigación". "Los responsables tendrán que explicar por qué se contrata a Tragsa para que agilice las licencias y en los expedientes no figuran los informes de ésta", concluyó.
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