Borrón y cuenta nueva

Es tiempo de borrón y cuenta nueva. El tono y el contenido de los discursos, empezando por el de Rodríguez Zapatero, nada tienen que ver con los de hace cuatro años. Ni siquiera con los debates del final de legislatura. Y aunque el líder de la oposición adelantó que su voto sería contrario a la investidura del candidato, los dos han interiorizado el hastío de la ciudadanía ante tanta bronca. Ambos son conscientes de que quien aparezca como culpable de regresar a los viejos modos lo pagará.

Zapatero realizó ayer uno de sus discursos políticos más solventes, tanto en tono como en contenidos. En su segundo debate de investidura tuvo interés en dejar constancia de que se presentaba pensando en los próximos cuatro años y no en los cuatro pasados; y advirtió de que no se trataba de identificar culpables de lo que se hizo mal, sino de ponerle remedio ahora. Lo dijo a propósito de la no renovación a tiempo del Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, pero fue una idea recurrente en su debate con Rajoy. La totalidad de su discurso estuvo articulada bajo una fórmula, su "idea de España", con la que de manera implícita respondía a una de las críticas más generalizadas a su gestión, y no sólo desde la derecha. La eficacia de la fórmula le permitió corregir su dificultad para concretar en fórmulas políticas, y no en genéricas referencias a los principios, sus proyectos como gobernante.

El candidato dedicó a la economía una parte fundamental. Reconoció que los próximos tiempos serán distintos de los vividos hasta ahora, como consecuencia de un entorno internacional desfavorable, del que destacó la multiplicación por cuatro del precio del crudo. Auguró menor crecimiento y menos empleo, pero se mostró confiado en las posibilidades de la economía española para hacer frente a esta situación. Sostuvo que el superávit presupuestario acumulado permitirá enfrentar en mejores condiciones las consecuencias de la crisis. Sin subir impuestos ni reducir las prestaciones. Si este análisis pudo pecar de optimismo, como le recordó Rajoy, los dos compromisos que hizo derivar de él marcarán el desarrollo de la legislatura que ahora comienza.

Programa social

Zapatero se apoyó en ese compromiso para trazar los pormenores de un programa de Gobierno de corte socialdemócrata, que otorga un importante papel al Estado en la corrección de los desequilibrios y en la garantía de los derechos de los ciudadanos. Para paliar los efectos de la crisis anunció dos paquetes de medidas, uno a corto plazo y otro dirigido a remediar deficiencias estructurales; entre otras, la baja productividad, la insuficiente competitividad en los servicios o los costes de las cargas administrativas que deben soportar las empresas.

Para el corto plazo, el candidato se reafirmó en la devolución de 400 euros del IRPF, incluyendo a los autónomos, una medida de eficacia discutible y anunciada precipitadamente en vísperas electorales. También desmenuzó iniciativas específicas para el sector de la construcción, el más castigado por la crisis.

Respecto a la inmigración, el candidato hizo bien en no aceptar el reto en los términos en los que lo viene planteando el PP: si hay servicios saturados por el aumento de población, como sucede en la educación y la sanidad, la respuesta del Estado consistirá en incrementar los medios, no en reducir los derechos de los ciudadanos extranjeros. La insistencia de Zapatero en la igualdad de derechos entre nacionales y extranjeros estuvo en consonancia con las múltiples iniciativas que anunció para acabar con cualquier forma de discriminación, con especial referencia a las que afectan a las mujeres.

Oferta de consenso

Los retos esenciales de la legislatura serán, junto a la economía, el reforzamiento del capital humano mediante una atención especial a la educación y el acuerdo sobre financiación autonómica. Para facilitar la coordinación de políticas entre el Gobierno y las autonomías se celebrarán al menos tres conferencias de presidentes: sobre violencia de género, sistema educativo y cambio climático. Zapatero puso especial énfasis en tomar en consideración a la oposición, y apeló personalmente a Mariano Rajoy para ampliar la superficie de consenso entre dos partidos que agrupan a 9 de cada 10 diputados, ofreciendo cuatro pactos de Estado: sobre Europa, el terrorismo, la justicia y la financiación autonómica.

El pacto sobre la presidencia española de la UE, en 2010, no plantea dificultades. No es el caso de la política antiterrorista, en la que el evidente acuerdo de fondo parece cuestionado por querellas terminológicas; sin embargo, no hay fin del terrorismo sin derrota de ETA, por lo que contraponer ambas es un ejercicio de empecinamiento. Otra discusión estéril reiterada ayer fue la de que esos pactos de Estado deben ser cosa de los dos grandes partidos, ampliable al resto, o abiertos de entrada a todos. Excluir de entrada a partidos nacionalistas sólo tiene sentido si su inclusión obliga a desfigurar el contenido esencial de los acuerdos.

El acuerdo de renovación del Consejo de los jueces y del Tribunal Constitucional son dos exigencias inaplazables; condicionar el acuerdo a un pacto global sobre la justicia, como de entrada planteó Rajoy, resulta ventajista, dada la utilización que el PP ha hecho del bloqueo resultante. Sobre las cuestiones territoriales, y en particular la financiación autonómica, Zapatero defendió la doble lealtad: ni el Gobierno puede utilizar su poder para congelar o retrasar la aplicación de los nuevos Estatutos (al margen de lo que resuelva el Tribunal Constitucional respecto a los recursos), ni puede privarse al Estado central de los instrumentos para cumplir el mandato constitucional de garantizar la solidaridad entre comunidades y un nivel mínimo de servicios públicos. La cuantificación de esa capacidad en un 50% del gasto público resulta discutible. Pero lo significativo fue el énfasis e incluso algún ribete jacobino en uno de los discursos más inequívocamente políticos de todos los pronunciados por Zapatero: la palabra España salió de su boca en más de 60 ocasiones.