La sala de juego del casino de Lloret tiene una altura ilegal

La sala de juego del casino de Lloret de Mar tiene una altura máxima de 2,80 metros en algunas zonas, 40 centímetros menos de lo que exige la ley, que llega a ser incluso de 84 centímetros en otras áreas. Los empleados de la empresa lo han denunciado ante el propio Ayuntamiento y el Departamento de Interior de la Generalitat, pero nadie les ha contestado.

El pasado 29 de enero, un total de 140 firmas, entre ciudadanos y trabajadores del casino de Lloret enviaron una carta al alcalde de la población, el convergente Xavier Crespo, en la que mostraban sus "dudas razonables" sobre la veracidad de un informe emitido por los bomberos el 26 de junio de 1997, que certificaba que el local se adaptaba a la normativa vigente. Por eso, reclamaban que el informe fuera "revisado inmediatamente" para comprobrar que los trabajadores no mentían.

El escrito relata que la altura de la sala de juego oscila entre 2,36 y 2,50 metros en la mayoría de zonas y alcanza 2,80 metros en otras. El local tiene un aforo máximo de 345 personas, por lo que los trabajadores entienden que la altura de la sala debería ser de 3,20 metros en aplicación de la normativa vigente y de la licencia de actividades concedida en 1995.

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El Ayuntamiento de Lloret y la empresa Casinos de Cataluña han declinado realizar cualquier evaluación sobre el escrito de los trabajadores. Un portavoz de Interior, al que está adscrita la Dirección General de Juegos y Espectáculos de la Generalitat, explicó ayer que el Departamento ha pedido a los Bomberos que comprueben la altura de la sala.

Al margen de la altura, la sala de juego del casino ha estado funcionando con la licencia municipal de actividades caducada desde el 4 de octubre de 2006. Eso ya hubiera sido motivo para suspender la actividad de la sala de juego, que aquel año generó un beneficio neto de casi nueve millones de euros. Pero el Ayuntamiento permitió que la sala siguiera abierta e Interior lo avaló, pese a que la falta de licencia municipal ya era una causa suspensiva de la autorización de apertura y funcionamiento que otorgó la Generalitat en 2005.

Después de un año de ilegalidad, el Ayuntamiento denegó el 27 de septiembre de 2007 la renovación de esa licencia municipal argumentando que la sala de juego no podía estar en una planta baja, que fue donde se trasladó cuando el casino abrió un nuevo local en Tarragona en 2005.

La empresa recurríó contra la denegación municipal y a primeros de marzo el consistorio rectificó y concedió la licencia al entender que la sala de juego era legal por la licencia inicial otorgada en 1995, cuando abrió la sala subterránea del casino, destinada entonces a máquinas de azar. Sin embargo, ese permiso se otorgó condicionado a que la actividad principal del casino, que es la sala de juego, funcionase en la primera planta, algo que dejó de ocurrir en 2005.

El alcalde Crespo es también diputado de CiU en el Parlament y persona de confianza de Felip Puig. El fondo del caso son las reticencias de Casinos de Cataluña a perder su posición dominante en el sector del juego, quebrada en octubre de 2006, cuando el tripartito adjudicó a otra empresa un nuevo casino en Lloret.