Falibilidad

La comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado por unanimidad, que ya es difícil en estos tiempos del Consejo, la propuesta de los servicios de inspección por la que se acuerda abrir expediente disciplinario por falta muy grave al titular del Juzgado de lo Penal número 1 de los de Sevilla. Considera que hay motivos bastantes para entender que este juez ha podido desatender gravemente sus obligaciones y que ha existido una falta de control en la ejecución de la sentencia en el caso de Santiago del Valle, que es el presunto autor de la muerte de Mari Luz. Al mismo tiempo y por si existieran otras responsabilidades -es probable que las haya y de muy diversa naturaleza- remite copia de su informe a la Fiscalía General del Estado; Ministerio de Justicia y Junta de Andalucía. Pues, bien, al hilo de los hechos y de su trascendencia pública se han venido escuchando ciertas opiniones por las que se ha tratado de hacer ver que se estaba haciendo un linchamiento del juez ahora expedientado. Incluso, rayando el absurdo, se ha dicho que las razones de ese linchamiento encontraban su causa en el hecho de que este juez es de casta, ya que pertenece a una familia de jueces, y que hay intención de destrozar a la judicatura porque consideran no es afín al Gobierno. Otras opiniones; más fundadas y, por tanto, con criterio, han destacado el buen hacer general de este magistrado, poniendo la nota causal en el colapso judicial. Ante estas opiniones, y mediante una sencilla reflexión, llevaría a interrogarnos si el hecho de atribuir por algunos a otros una determinada casta es excusa bastante para que, cuando se produzca un hecho como el que ha sucedido se exima a sus posibles responsables. De ser así, los jueces del cuarto turno o que carezcan de familiares lo van a tener muy crudo. También cabe preguntarse si el hecho de que en numerosos juzgados exista un gran retraso judicial permite, sin más, sostener que la responsabilidad singular se diluya en la general. Entiendo que no es así. El planteamiento es otro. En este caso, como en otros que pudieran salir a la luz y más de uno están surgiendo -en el momento actual se está juzgando a una jueza que dejó en prisión a un inocente durante más de un año; también se han abierto actuaciones penales contra el juez Urquía- lo que ha sucedido es que, con motivo de la detención de una persona que pudiera ser responsable de la muerte de Mari Luz, se ha conocido que su presunto autor estaba en libertad y no en prisión, pese a estar condenado. Con esta realidad, como estamos en un Estado de Derecho, la respuesta no puede ser otra sino la apertura de un expediente para conocer las causas de este no hacer judicial, y que se conozcan. No hay ningún ataque personal ni político a este juez -hace poco, el Gobierno andaluz le concedió, sin duda por otros méritos, el premio Meridiana, y no se tuvo en cuenta la casta que le atribuyen estos descubridores de malas intenciones ni su familia; tampoco a su trabajo en general-. Lo que ha sucedido, sencillamente, son unos hechos que hay que someter a inspección y con mayor rigor que si se hubiera ocasionado en el ámbito privado. El carácter público y de autoridad de los jueces así lo exigen. Exigencias que, como ya comentaba en esta misma página la pasada semana, que también son exigibles al ministerio fiscal como parte activa y principal en el proceso penal.

En cualquier caso hay que saber que hoy, y a diferencia del pasado más reciente, para acceder a la Justicia, y a tantas otras cosas, no sólo tienen posibilidades las personas de un determinado sector social, sino que sus fronteras están abiertas a todos los sectores; que los privilegios por razón de pertenencia sólo quedan reservados a la familia real. También que, pese a contar con los mayores y mejores medios que ha contado nunca la Justicia, son necesarios más y una mejor utilización. Finalmente que, aún cuando se den una y otras condiciones, jamás se van a poder evitar que los errores surjan. La falibilidad también es predicable de los jueces, pues sólo el Papa es el único que tiene derecho a no equivocarse, aunque se equivoque, y a rendir cuentas Allá, no acá.