El Valedor saca a la luz las deficiencias en la atención de la Xunta al menor

El sistema de atención a los menores necesitados de protección y de aquellos que han infringido las leyes padece en Galicia graves deficiencias en medios humanos y materiales. Así se deduce del informe extraordinario del Valedor do Pobo -redactado a instancias del anterior responsable de la institución, José Ramón Vázquez Sandes, y presentado ayer- que aborda la situación de los menores vulnerables desde el punto de vista de la desprotección y de la responsabilidad penal.

El informe criticas la permanencia exagerada de menores en los centros

El informe, redactado por la vicevaledora Dolores Galobart, puntualiza, no obstante, que la aprobación por parte del actual Gobierno del Plan Estratéxico Galego de Infancia e Adolescencia 2007-2010 va a suponer un impulso al tratamiento tanto de los menores en riesgo o desamparo como de los infractores.

Las conclusiones en relación con la protección a los menores subrayan que un aumento del presupuesto "es una condición indispensable para el conjunto del tratamiento de los menores". El Valedor reconoce que "el tratamiento cuesta dinero", incluso "mucho dinero", añade, y en cambio las partidas dedicadas a este fin han sido "hasta el momento escasas".

Por esa misma razón el informe constata que "felizmente estamos asistiendo a un importante cambio concretado en un aumento presupuestario y unas previsiones para los próximos años más prometedoras". Este cambio indica, según el Valedor, "una importante militancia con el problema por parte de la Administración y de los representantes políticos, máxime cuando se trata de unas inversiones "poco vistosas".

De hecho, las recomendaciones del informe en relación con la desprotección de los menores están plagadas de matices porque en su mayor parte coinciden con los objetivos estratégicos elaborados por el Gobierno de la Xunta en el marco del Plan Estratéxico Galego de Infancia e Adolescencia. En materia de prevención, el Valedor reclama un mayor compromiso por parte de los ayuntamientos y la puesta en marcha de programas que eviten la "marginalización prejudicial" de los menores.

La permanencia con la familia debe ser el objetivo y para conseguirlo es preciso potenciar la creación de nuevos centros de día (la Xunta ya prevé la creación de cuatro). El informe presentado propone dotar de más medios materiales y humanos a los equipos técnicos de menores dedicados al acogimiento y la adopción, así como de suficientes psicólogos itinerantes. Desde siempre, subraya el Valedor, la organización y los medios tanto humanos como presupuestarios no está en consonancia con la elevada cifra de expedientes abiertos y reabiertos, lo que conduce a que los profesionales se encuentren desbordados por la carga de trabajo que pesa sobre ellos.

El Valedor recomienda hacer una "apuesta firme" por el acogimiento familiar y, entre otras medidas, propone ajustar a los costes reales las remuneraciones que se han de dar a las familias. En materia de acogimiento residencial, el informe recomienda elaborar una guía de buenas prácticas y la realización de inspecciones, así como la limitación de esta alternativa. En la actualidad, asegura, se produce una "permanencia exagerada" de menores en estos centros, hasta el punto de que algunos de ellos "pasan toda su vida" en los centros.

El informe pone de manifiesto las carencias educativas y sanitarias en estos centros y recomienda mejorar la formación del personal que trabaja en ellos. También pide la creación de centros específicos para menores con problemas mentales, drogodependencias o discapacidades y centros de reeducación intermedios a medio camino de los de protección y los de reforma. Del mismo modo, señala la necesidad de dar una solución específica los problemas de los menores extranjeros necesitados de protección.

En materia de responsabilidad penal, el informe del Valedor denuncia una insuficiencia de recursos para dar cumplimiento a los fines previstos en la ley del Menor. Los medios técnicos escasean, así como los recursos para ejecutar las medidas previstas en régimen abierto. Medidas "tan interesantes" como la prestación de beneficios a la comunidad, lamenta el Valedor, sólo se pudieron llevar a cabo en 76 de los 315 municipios porque la mayoría de los ayuntamientos no ha firmado el convenio correspondiente. La medida estrella, la libertad vigilada, se "queda coja" por falta de personal.

El informe critica la asignación de centros alejados de los lugares de residencia, la existencia de descoordinación entre Vicepresidencia y la Consellería de Presidencia y la baja calidad de la asistencia letrada que reciben los menores y recomienda la apertura de nuevos centros, así como medidas de formación para los técnicos que trabajan en ellos.