Los bancos ponen pegas a Roca para prestarle el millón de euros de fianza
El Ayuntamiento de Marbella pide que siga en prisión por el 'caso Saqueo'
El cheque de un millón de euros que devolverá la libertad a Juan Antonio Roca, máximo imputado del caso Malaya, se resiste. Después de diez días de búsqueda, la familia del ex asesor urbanístico marbellí sigue sin depositar la suma en el juzgado número 5 de Marbella. Aunque ya han reunido una parte -que rehúsan cuantificar- sus abogados reconocen que están encontrando trabas para que los bancos colaboren. "Todo el mundo te pone muchas dificultades. Sobre todo cuando llegas y le dices que es para la fianza de Juan Antonio Roca", explica su abogado Aníbal Álvarez. "Vamos reuniendo poco a poco, como en el cepillo de la iglesia", bromeaba ayer.
Desde que el magistrado Óscar Pérez, titular del juzgado número 5 de Marbella, apostó por dejarle en libertad bajo fianza, sus letrados han barajado varias iniciativas para reunir el dinero. Primero hicieron un llamamiento a los amigos del ex asesor. En 2002, Roca ya reunió en 24 horas una fianza de 450.000 euros para eludir la prisión por el caso Saqueo, en manos de la Audiencia Nacional. En esta ocasión, el magistrado ha calculado la cifra contando con que Roca se relaciona con personas con suficiente poder adquisitivo para prestarle el dinero.
En 2002, el cerebro del 'caso Malaya' reunió en un día 450.000 euros
Sin embargo, parece que las amistades no están aportando lo suficiente. La semana pasada, la defensa de Roca anunció que estudiaban abrir una cuenta corriente para reunir los fondos o solicitar una garantía real, que supondría aportar bienes por el mismo valor. Esta última opción tiene como inconveniente que, desde su detención, el máximo imputado de la trama de corrupción tiene numerosas propiedades y empresas embargadas.
Se calcula que su fortuna, sin terminar de tasar dos años después del inicio de las actuaciones policiales, supera los 200 millones. En cola de pago tiene los 1.000 millones de euros que el juez Miguel Ángel Torres, primer instructor de la causa, le impuso por responsabilidad civil. Además, tiene que depositar otros 236.000 euros, por el mismo concepto, por el caso en manos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el que está imputado junto al juez Francisco de Urquía, separado del juzgado número 2 de Marbella desde julio.
Pero los baches con los que se ha topado en los últimos días el supuesto cerebro de la mayor trama de corrupción municipal destapada en España no son sólo económicos. Para empezar, el Fiscal Anticorrupción, Juan Carlos López Caballero, ha recurrido su puesta en libertad bajo fianza porque cree que todavía conserva fondos en paraísos fiscales y el riesgo de fuga sigue siendo elevado. Las acusaciones particulares le han seguido los pasos.
La Junta de Andalucía ha pedido que se amplíe la fianza a cinco millones de euros y el Consistorio marbellí solicitó ayer a la Audiencia Nacional que decrete prisión preventiva contra Roca para asegurarse que acudirá al juicio del caso Saqueo. "Parece que hay un enconamiento contra la libertad del señor Roca. Estamos en un Estado de Derecho y lo que tenemos que hacer es respetar las resoluciones judiciales", considera su abogado.
Este fin de semana, Izquierda Unida anunciaba movilizaciones contra la postura del magistrado Óscar Pérez, que el PSOE marbellí tachó de "aberración jurídica". Roca tiene otros 42 procedimientos a su espalda.
Las comparecencias del caso Malaya continuaron ayer con la declaración de cuatro abogados del despacho madrileño Sánchez Zubizarreta-Soriano Pastor, considerados testaferros de Roca. Todos están procesados blanqueo de capitales y pertenencia a organización delictiva.
Según la defensa del presunto cerebro de la trama todos se ratificaron en su última declaración. Los letrados, que han presentado una querella contra el juez Torres, dejaron constancia de que su primera declaración se produjo después de estar seis días detenidos, sin estar en las condiciones psicológicas y adecuadas para una comparecencia. El juez Torres fijó para cada uno de ellos una fianza de 500 millones de euros por responsabilidad civil y calculó que habrían blanqueado más de la mitad de esa cantidad.
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