El Valedor do Pobo ya alertó del conflicto gitano en 2005 sin resultados

Los enfrentamientos entre vecinos y miembros de la comunidad gitana a los que las administraciones intentan realojar para contribuir a la erradicación del chabolismo no son un fenómeno nuevo. Reproducen los mismos errores que el anterior Valedor do Pobo, José Ramón Vázquez Sandes, ya había identificado en su Informe Extraordinario do Valedor do Pobo sobre a situación da poboación xitana de Galicia, presentado en el Parlamento en 2005.

Hace ocho años 1.374 personas vivían en 14 campamentos

El 66% de la población habitaba "viviendas normalizadas"

El problema de los realojos se hizo patente en 1996 en O Carballiño

Un 70% de los vecinos, hostil a las iniciativas de integración

Los enfrentamientos entre vecinos y miembros de la comunidad gitana a los que las administraciones intentan realojar para contribuir a la erradicación del chabolismo no son un fenómeno nuevo. Reproducen los mismos errores que el anterior Valedor do Pobo, José Ramón Vázquez Sandes, ya había identificado en su Informe Extraordinario do Valedor do Pobo sobre a situación da poboación xitana de Galicia, presentado en el Parlamento en 2005.

Para ilustrar el problema de los realojos, el Valedor recurrió al ejemplo de O Carballiño, "una buena muestra de la discriminación que padece la población gitana". Hace doce años, el Ayuntamiento de la localidad orensana quiso poner en marcha un programa para erradicar un núcleo de chabolas muy deteriorado por unas inundaciones. Los técnicos municipales no lograron encontrar ningún propietario dispuesto a alquilar viviendas a las cuatro familias afectadas y se vieron obligados a realojarlas en hostales y en una vivienda social pendiente de adjudicación.

Los problemas de adaptación obligaron a trasladar a las familias alojadas en los hostales al antiguo matadero municipal y dos de ellas decidieron volver a sus chabolas. Al mismo tiempo, comenzaron a surgir voces vecinales contra el realojo provisional en las viviendas sociales. Las amenazas y hasta las agresiones sufridas por otra familia hicieron que todas ellas volviesen a su asentamiento original mientras se multiplicaban los rumores y las manifestaciones vecinales en contra de los gitanos, lo que acabó obligando al Ayuntamiento a desistir de su intento de realojo.

El problema permaneció sin solución hasta el año 2001, cuando el Ayuntamiento decidió construir en el mismo asentamiento de chabolas cinco viviendas de planta baja para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.

El de Carballiño es sólo un ejemplo, pero muy revelador de la situación actual. La población gitana en Galicia, según el vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana, está formada por unas 10.000 personas, 1.500 más que las identificadas por un estudio de 2000 citado en el informe del Valedor. Según este documento, la comunidad gitana de Galicia, que se asienta en 46 municipios, representa apenas el 0,31% de la población gallega y sólo el 1,68% del colectivo gitano de España. La mayoría viven en A Coruña, Ferrol, Santiago y Ribeira y en los municipios de su entorno.

La comarca coruñesa, con unos 2.000, encabeza la lista, seguida de la de Ferrol, con un millar. En Pontevedra se concentran en la capital, Vigo, Poio y Vilagarcía y en Lugo ciudad viven el 60% de los gitanos de la provincia. El asentamiento en Ourense es distinto: no existe ninguna comunidad numerosa.

El informe del Valedor, presentado hace tres años, analizaba la situación, sacaba conclusiones y recomendaba a las administraciones actuaciones concretas, pero aparentemente nadie le hizo caso.

En sus conclusiones, y después de examinar detalladamente las condiciones de vida de este colectivo, señala que la población gitana padece discriminación a la hora de conseguir una vivienda, optar a un empleo e incluso en el acceso a establecimientos comerciales o a espectáculos públicos. "La población gitana sigue siendo objeto de rechazo por parte de un sector de la sociedad que le imputa estereotipos negativos heredados" y que "identifica a la totalidad de los gitanos con el sector más pobre o marginal del colectivo", señala el informe.

Las recomendaciones que el Valedor trasladó al Parlamento fueron olvidadas bien pronto. La institución proponía, en primer lugar, la constitución de un órgano autonómico dedicado a garantizar los derechos de igualdad entre las personas y de lucha contra la discriminación por motivos étnicos o raciales, en aplicación de las directivas de la Unión Europea.

Además, el Valedor considera urgente la reforma del Plan de Desarrollo Gitano para hacerlo "comprensivo del conjunto de medidas tendentes a la promoción social del colectivo" y dotarlo de carácter integral. "Sin perjuicio de la autonomía municipal", precisa el informe, "el plan deberá garantizar la coherencia y convergencia de las estrategias y medidas en el marco territorial del conjunto de la comunidad".

El informe contenía propuestas en materia de empleo y de educación, relacionadas con la formación profesional y las garantías de escolarización. En lo relativo a vivienda, proponía a las administraciones que no se limiten a promover viviendas y favorezcan el alquiler, y señalaba la necesidad de modificar la vigente Ley de Erradicación del Chabolismo de 1989 para que no deje abierta la posibilidad de llevar a cabo mejoras parciales o paliativas en los asentamientos chabolistas que acaban dándoles continuidad.

El Valedor recomienda prestar especial atención a los poblados situados en los límites administrativos de varios municipios, mejorar la gestión de la Bolsa de Alquiler de la Xunta, revisar los requisitos de acceso a las viviendas de promoción pública y crear un fondo de garantía que facilite créditos para adquisición de viviendas.

Con la vista opuesta en el acceso a la vivienda, enfatiza la necesidad de "generalizar el desarrollo de procesos de formación, previos o simultáneos al realojo, que preparen a las familias gitanas para la convivencia en las comunidades vecinales".

Los poblados chabolistas de Galicia nacieron, según el informe, de la edificación de chabolas alrededor de viviendas alquiladas o abandonadas. Las primeras medidas de erradicación del chabolismo supusieron la construcción de barracones y campamentos de casas bajas en las periferias de las ciudades que, tras un rápido proceso de degradación, se convirtieron en campamentos de infraviviendas. Los datos de hace ocho años identificaban 14 campamentos, en los que vivían 1.374 personas.

Las políticas de promoción de vivienda dieron entrada a la población gitana en viviendas sociales de Ferrol, A Coruña, Santiago y Vigo. Las viviendas sociales ya incorporaban en 2000 al 31% de la población gitana. Pero el mayor crecimiento, sin embargo, corresponde a la vivienda libre, que ya alcanza al 34,9% de la comunidad gitana y representa "un signo positivo de la mejora de su situación económica". La conclusión es que la población que vive en "viviendas normalizadas" alcanza el 66%, un indicador muy representativo de la mejora de sus condiciones de vida.

La vivienda, sin embargo, no resuelve por sí sola todos los probemas. Los gitanos que habitan viviendas sociales o libres representa entre el 10 y el 30% de la población de sus barrios y la convivencia no es fácil. El Valedor refleja posiciones contrarias a los gitanos o rechazo puro y duro en un 70% de los vecinos.

El informe no duda en asegurar que la vivienda es la traba más importante de cara a la normalización del colectivo. Los gitanos sufren graves discriminaciones en el acceso a la vivienda de alquiler, semejantes a las que padecen a la hora de optar al empleo por cuenta ajena. De hecho, sólo lo consiguen cuando el contrato lo negocian organizaciones interpuestas, lo que no hace sino subrayar la necesidad de mejorar la política pública de alquiler.

A la hora de la compra, también existen dificultades. La mayoría han optado por la vivienda ordinaria, pero eso plantea problemas relacionados con el precio elevado y con su acceso a hipotecas. Los "comportamientos racistas de los vecinos", añade el Valedor, suelen además desembocar en "prácticas tendentes a evitar la compra de un piso por parte de familias gitanas".

La vivienda social tampoco está ofreciendo soluciones, señala el informe. Por su escaso número y por las dificultades que entraña para muchas familias cumplir los requisitos exigidos, especialmente la certificación de bajos ingresos, porque su actividad económica suele desarrollarse en el ámbito de la economía sumergida.

La consecuencia de todo ello es la persistencia de núcleos de marginalidad y los conflictos en las viviendas sociales. De ahí la importancia, subraya el Valedor, de "desarrollar procesos de formación previos al desarrollo de cualquier política de realojo que prepare a las familias para la convivencia en comunidad". Y la conveniencia de distribuir a la población gitana, en el proceso de adjudicación de viviendas, en distintos edificios o manzanas para evitar la formación de guetos.

Las administraciones, sostiene el informe, no pueden eludir su responsabilidad en lo que se refiere al acceso a la vivienda, que constituye una vía de normalización para la población gitana. La erradicación del chabolismo necesita de "la voluntad decidida de los responsables municipales para erradicar los guetos, que constituyen auténticos focos de problemáticas asociadas a la marginalidad".