Propuesta de multa al PP por fraude en las listas vascas
Una sanción de entre 60.000 y 600.000 euros podría imponerle al PP la Agencia de Protección de Datos (APD) por la supuesta falsificación de las firmas de al menos cuatro voluntarios, vecinos de O Grove, incluidos sin su consentimiento en listas del País Vasco en las últimas elecciones municipales. La medida, acordada tras una investigación abierta por el subdirector general de Inspección de Datos, después de la denuncia presentada por cuatro de los seis "falsos voluntarios" que demandaron judicialmente al PP, se sustancia en una serie de indicios después de inspeccionar "in situ" la sede del partido en San Sebastián.
La inclusión como voluntarios y la falsificación de las firmas de los denunciantes se descubrió cuando éstos recibieron la carta de agradecimiento firmada por la presidenta del PP en el País Vasco, María San Gil, después de las elecciones. La denuncia en un juzgado de Cambados llevó a la instructora a imputar en el proceso al presidente del partido en O Grove y ex alcalde de la localidad, Miguel Angel Pérez, que había contratado a los denunciantes como operarios del Grupo Municipal de Intervención Rápida (Grumir), y al coordinador de la campaña y ex concejal popular Alexandre Aguín.
Las copias inexistentes
Según el expediente incoado por la APD, en los ficheros del PP no constaban los documentos de aceptación de los denunciantes al día de la inspección, copias que fueron requeridas oficialmente. Con todo, el pasado 29 de noviembre el partido remitió un escrito a la agencia alegando que "no podía remitir los documentos requeridos al no encontrarse en ninguna sede del PP ni en poder de la Junta Electoral de Zona" que para entonces ya estaba disuelta.
En el mismo escrito, el PP señala que desconoce "el origen de la documentación" aunque afirma que "fue remitida por un funcionario del Grumir de O Grove" (al que no identifican) a la sede del PP de Pontevedra y de allí a la del País Vasco. Una versión que ha mantenido el partido desde que la jueza de Cambados citara a declarar a dos empleados de la sede provincial cuyo máximo responsable es el presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán. Con el asunto judicial a cuestas, Miguel Angel Pérez ha sido nombrado por el propio Louzán director del servicio de Bomberos dependiente del organismo provincial.
