Diputados europeos piden una moratoria urbanística valenciana

Varios eurodiputados propusieron ayer en el Parlamento Europeo una moratoria urbanística para la Comunidad Valenciana y una reforma de su ley urbanística que ponga fin a la situación de abusos urbanísticos y desprotección en que se encuentran miles de afectados.

La Comisión de Peticiones de la Eurocámara ha recibido más de medio centenar de demandas de perjudicados, muchas de las cuales fueron debatidas ayer, como ya ha sucedido en ocasiones anteriores. Dos eurodiputados británicos, el socialista Michael Cashman y el conservador Neil Parish, reclamaron al Gobierno español que impusiera una moratoria urbanística.

Se expusieron los planes de Catral, Rojales, Monòver, Riba-roja y Alzira

Un eurodiputado austriaco pide que se bloqueen los fondos europeos

Los perjudicados -que volvieron a exponer casos como el de Parcent, Catarroja o Porxinos ante los eurodiputados- buscan el amparo del Parlamento Europeo por estimar que muchas de las decisiones urbanísticas adoptadas en territorio valenciano vulneran las directivas europeas de contratación pública, medio ambiente y protección del agua. La Ley Urbanística Valenciana (LUV), en vigor, ha sido denunciada por Bruselas ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, por no respetar las normas comunitarias en materia de contratación pública. Muchas de las decisiones que han permitido los abusos se realizaron de acuerdo con la legislación anterior, la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU).

El vicepresidente del Consell, Vicente Rambla, y el consejero de Medio Ambiente, José Ramón García Antón, criticaron la petición de una moratoria. "Lo que se necesita son proyectos y también campos de golf para mover el turismo", subrayó García Antón. Éste insistió en que la LUV se redactó de acuerdo con las exigencias europeas de entonces.Tras la sesión de debates y ante la falta de acuerdo, el presidente del Comité de Peticiones, el polaco Marcin Libicki, propuso que la comisión de coordinadores estudiara en su próxima reunión del día 26 de mayo la propuesta de Cashman de presentar en el pleno otro informe más sobre las denuncias urbanísticas en España. De confirmarse su elaboración, éste sería el tercer informe crítico con el urbanismo valenciano.

Máximo Revilla, alcalde de Parcent, un municipio alicantino de un millar de habitantes, pidió el apoyo de la Eurocámara para paralizar los planes aprobados por el anterior gobierno municipal y el Gobierno de la Comunidad Valenciana, del Partido Popular. Uno solo de estos Planes de Actuación Integrada prevé la construcción de 1.496 viviendas. Revilla, que accedió a la alcaldía tras encabezar una agrupación de afectados, manifestó el derecho de los ciudadanos a "establecer el ritmo de construcción y desarrollo en el municipio y que no sea acordado por los intereses económicos de unos urbanizadores".

El ejemplo de Parcent, en donde los planes urbanísticos se aprobaron sin el informe de impacto ambiental pertinente y sin tener en cuenta los recursos hídricos necesarios, es paradigmático de la situación de muchas localidades del territorio valenciano. Los afectados cifraron en más de 120.000 el número de posibles perjudicados, muchos de los cuales son ciudadanos británicos. Otros planes que fueron objeto de debate ayer en Bruselas afectan a las poblaciones de Catral, Rojales, Monòver, Riba-roja y Alzira.

El eurodiputado de Los Verdes David Hammerstein fue especialmente crítico con el Gobierno de la Generalitat valenciana por considerar que actuaba "con un gran falta de lealtad con la Unión Europea, por seguir aplicando normas inseguras por estar pendientes de un proceso judicial". Hammerstein recordó que las irregularidades afectan también al Instituto Valenciano de la Vivienda.

En este sentido, los eurodiputados socialistas valencianos Maruja Sornosa y Vicent Garcés pidieron la elaboración de una nueva ley de urbanismo. Garcés recordó que "además de los avisos de la Comisión Europea y las denuncias que llegan a la Eurocámara es una evidencia que la ley actual está vulnerando los derechos de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana y supone una amenaza para el desarrollo sostenible".

El diputado del Partido Popular José Manuel García-Margallo defendió que era preciso deslindar las competencias de cada Administración y que la Unión Europea no tiene competencia universal sobre los derechos humanos y, "en relación con el derecho de propiedad, corresponde al Gobierno de la nación".

Raül Romeva, de Los Verdes, precisó: "Todos compartimos el principio de subsidiariedad, lo cual no significa que las autoridades locales puedan renunciar a las leyes europeas".

La representante de la Generalitat, la secretaria autonómica María Ángeles Ureña, afirmó que la LUV cumple demandas realizadas por el Parlamento Europeo en anteriores resoluciones. Ureña propuso al alcalde de Parcent que retirara las acciones presentadas como una manera de facilitar la solución del conflicto. Le replicó la diputada socialista Maruja Sornosa, señalando que era una propuesta inaceptable porque suponía trasladar la responsabilidad de lo ocurrido al Ayuntamiento.

La intervención más contundente la realizó el eurodiputado socialista austriaco Herbert Bösch, que reclamó que se bloqueen las ayudas europeas a la Comunidad Valenciana hasta que se aclaren los casos de abuso. "En tanto que no se aclaren estas cosas, que los fondos que vayan a la Comunidad Valenciana en 2009 se coloquen en la reserva presupuestaria", pidió.