Quiebra la promotora de la piscifactoría gigante de Cádiz

El juzgado de lo mercantil de Cádiz tramita ya la solicitud de concurso voluntario de acreedores, antigua suspensión de pagos, solicitada por la empresa Aqua Culture S.L., que tenía previsto invertir 40 millones de euros en la instalación de una gigantesca piscifactoría en la dársena portuaria de El Puero de Santa María (Cádiz) para dar trabajo a 150 personas entre empleos directos e indirectos. Con la compañía en quiebra, se da por inviable la que había sido la mayor concesión administrativa realizada nunca por la Autoridad Portuaria de la Bahía gaditana en dominio público portuario.

A finales del pasado año el consejo de administración de la Autoridad Portuaria ya había detectado los problemas económicos de la compañía a la que se le había otorgado la concesión en el mes de marzo. En su última reunión de 2007 el puerto gaditano acordó extinguir la concesión, aunque mantenía una reserva durante seis meses de una superficie de 120.000 metros cuadrados por si Aqua Culture lograba prosperar y sacar a flote un proyecto en el que ya entonces había gastado tres millones de euros.

Proyecto ambicioso

La empresa, con sede en El Puerto, se había presentado como una fuerte inversora en el sector de la acuicultura europea. Su proyecto era muy ambicioso. Consistía en ocupar una parcela de 219.000 metros cuadrados en un proyecto que contemplaba cuatro fases. La primera de ella implicaba poner en marcha una hatchery, un criadero de larvas y alevines, con 16 unidades de engorde en piscinas con capacidad de producir 500 toneladas de pescado en cada una de ellas. La idea era poder alcanzar una producción inicial de cinco millones de alevines. Sólo en la primera fase se iban a invertir 40 millones de euros, se iban a generar 48 puestos de trabajo y 100 indirectos, que se elevarían a 250 al final de todo el proceso.

El concurso voluntario fue publicado ayer para información de los acreedores que tienen un mes para entregar a los adminitraciones concursales Tomás Torres y Miguel Bausá Crespo toda la información sobre las deudas que acumula la empresa con ellos. En virtud de la ley concursal, la compañía tiene todavía facultad de administrar su patrimonio pero ahora sometida a la intervención de los administradores concursales.