Hay responsables

El error judicial que permitió a Santiago del Valle, presunto asesino de la pequeña Mari Luz Cortés, seguir en libertad tras la condena por abusos sexuales a su propia hija es de tal calibre que ningún poder del Estado puede dejar de sentirse concernido. El presidente del Gobierno y el ministro de Justicia estaban obligados, incluso si no se lo hubiera pedido el padre de la niña, a dar garantías de que se "llegará al fondo" en la investigación de la cadena de errores que precedieron a su asesinato. Y no menos obligado a ello estaba el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Francisco J. Hernando, de quien depende directamente la inspección de los jueces y en buena medida el normal funcionamiento de juzgados y tribunales.

Que el conjunto de poderes e instituciones del Estado se sientan interpelados no puede llevar, sin embargo, a una dilución de responsabilidades, de modo que todo quede en una especie de Fuenteovejuna en el que por ser todos culpables en abstracto, nadie lo sea concretamente. Pero sí hay personas e instituciones responsables de graves errores judiciales.

La Comisión Permanente del Consejo del Poder Judicial decidió extender la investigación al magistrado que tardó casi tres años en redactar la sentencia que condenó al presunto asesino de Mari Luz por abusos sexuales a su hija, y no sólo al titular del juzgado que no la ejecutó. Es sobre todo en el ámbito del sistema judicial donde deben buscarse los responsables directos del desaguisado, más allá de los discursos recurrentes sobre la falta de medios en la justicia.

Lo que se echa en falta en la cadena de errores que lleva a que Santiago del Valle siga en libertad tras su condena es la más elemental diligencia y atención a sus obligaciones por parte de los jueces intervinientes en el proceso. Y roza la desfachatez que el juez encargado de hacer ejecutar la condena contra Del Valle pretenda derivar la culpabilidad de su negligencia hacia una funcionaria en baja laboral, olvidando que, como titular del juzgado, es a él a quien corresponde garantizar su correcto funcionamiento.

Pero esa responsabilidad alcanza también de manera directa al Consejo General del Poder Judicial, encargado de vigilar y en su caso sancionar "la desatención o el retraso injustificado y reiterado en la iniciación, tramitación o resolución de los procesos y causas". La inspección llevada a cabo hace apenas cuatro meses en el juzgado en cuestión fue incapaz de detectar el terrible fallo que se cometía en esos momentos.

Alguien del Consejo tendría que responder de ese incomprensible resultado, que demuestra que además de los jueces fallaron los mecanismos de control. Pero no hay visos de asunción de responsabilidad institucional alguna por parte de un Consejo que en su anómalo mandato -casi 17 meses en funciones- ha mostrado tanto interés por el matrimonio homosexual o por el Estatuto catalán y tan poco por el buen funcionamiento de la justicia.