Julián Muñoz consigue dos permisos penitenciarios

Seis meses después de conseguir la libertad bajo fianza por el caso Malaya, el ex alcalde de Marbella, Julián Muñoz, ha obtenido dos permisos penitenciarios que podría disfrutar en cuestión de días. Uno de ellos es fruto de un recurso que sus abogados interpusieron cuando estaba en la cárcel de Jaén. El otro ha sido concedido por la junta de tratamiento de la prisión de Alhaurín de la Torre (Málaga). El 10 de abril se evaluará la posibilidad de concederle el tercer grado, que le permitiría vivir en régimen de semilibertad.

El primero de los permisos, de tres días, ha sido acordado por el titular del juzgado de vigilancia penitenciaria número 9 de Andalucía, con sede en Jaén porque cree que "puede ayudar a su reinserción". El de la cárcel malagueña podría durar hasta seis días. No podrá tomarlos seguidos.

Sus abogados barajaban la posibilidad de que consiguiera un permiso desde septiembre, fecha en la que pagó 50.000 euros para liberarse de la prisión preventiva por el caso Malaya. A pesar de ello, tuvo que permanecer en la cárcel por tres condenas urbanísticas.

Trámites de 'Malaya'

Por otro lado, el juez del caso Malaya, Óscar Pérez citó para el trámite conocido como declaraciones indagatorias a empresarios de dos de las concesiones del Ayuntamiento de Marbella que más polvareda causaron en la trama de corrupción marbellí: el servicio de grúa municipal y de autobuses.

El empresario de la grúa, Ismael Pérez Peña, imputado por cohecho y falsedad, mantuvo que los dos millones de euros que le dio a un empleado de Juan Antonio Roca y que la Policía intervino poco después en Madrid eran "un préstamo personal" que le hizo al ex asesor urbanístico.

El gerente de la empresa Portillo, Julio de Marco, declaró que Roca nunca le había exigido pagos. Esta declaración modifica otra anterior en las que De Marco dijo que creía que Roca "estaba al tanto" de que le habían pedido 390.000 euros por la explotación de la estación de autobuses de Marbella.

El empresario Tomás Olivo, procesado por cohecho y blanqueo, aseguró que nunca pagó dinero a Roca por resoluciones favorables urbanísticas. Según el auto de procesamiento, el constructor abonó 2,4 millones por la revisión de unas licencias del centro comercial La Cañada y la compra de un edificio.