El Ararteko denuncia desigualdades en el acceso a las escuelas infantiles

Pide a Educación que unifique criterios para evitar una "selección arbitraria"

Vitoria - 01 abr 2008 - 00:00CEST

Las familias que quieren matricular a sus hijos en una escuela infantil para el tramo de 0 a 3 años se pueden encontrar con una variada casuística de criterios de admisión que deja en papel mojado la igualdad en el acceso a los servicios educativos financiados con fondos públicos.

Se exigen requisitos distintos según centros y hay casos de privilegio

Así lo revela el informe de 2007 del Ararteko, presentado ayer en el Parlamento por el titular de la institución, Iñigo Lamarca, que pidió al Departamento de Educación una intervención sin demora para terminar con esa situación. La cuestión, que afecta a un gran número de familias, constituye una de las dos recomendaciones de carácter general que el documento, de casi ochocientas páginas, realiza. Y adquiere mayor relevancia cuando los planes del Departamento de Educación incluyen la fijación en cada zona geográfica de itinerarios formativos completos, con correspondencia entre centros desde la educación infantil hasta la finalización de los estudios no universitarios. Es decir, que los padres de un niño o niña de meses deben poder conocer, antes de iniciar su escolarización, los centros en los que realizará todas las etapas.

La realidad con la que se encuentran los padres cuando quieren inscribir a los menores dista ahora mucho de la equidad y la igualdad de oportunidades en el acceso que el Departamento de Educación proclama buscar con empeño en sus últimos trabajos sobre el mapa escolar.

En la oferta pública las familias se pueden encontrar con que se les aplican criterios de admisión de tres tipos diferentes, dependiendo de que se trate de aulas de dos años en centros dependientes del propio departamento, de escuelas infantiles dependientes del Consorcio Haurreskolak o de escuelas infantiles de titularidad municipal.

Por ejemplo, en el caso de Haurreskolak, se pide un año de empadronamiento en el municipio donde radique el centro que se solicite, algo que no se exige en los otros niveles públicos. El Ararteko ha encontrado también que en algunas escuelas municipales, como las de San Sebastián, los hijos de los empleados municipales gozan de una suerte de acceso directo en detrimento de otras familias. Y también que en muchas otras no se consideran situaciones familiares relevantes desde el punto de vista asistencial.

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Sin llegar a realizar una descripción exhaustiva de las diferencias registradas, el informe señala que se está "propiciando y permitiendo" que el acceso a los servicios educativos en la oferta de educación infantil sostenida con fondos públicos "no se produzca de forma igualitaria".

El informe del Ararteko atribuye la variedad de criterios existente a la "insuficiencia" de la regulación que el Departamento de Educación tiene la responsabilidad de establecer, según el decreto de 2002 que regula las escuelas infantiles. "El Departamento de Educación fijará los criterios generales de admisión de niños y niñas de cero a tres años en los centros públicos y aquellos que perciben ayudas económicas", reza el citado decreto.

La insuficiencia de la regulación de Educación estaría impidiendo el objetivo de evitar "una selección arbitraria" en el acceso a los centros, añade el informe, con lo que queda en cuestión el objetivo de un tratamiento igualitario de todos los aspirantes.

Si de verdad se quiere asegurar la igualdad de oportunidades que se persigue tanto a modo de principio como de objetivo del nuevo mapa escolar, señala el informe, "es obligado que la administración educativa recabe la colaboración de las demás administraciones afectadas (ayuntamientos con servicios educativos propios) para establecer unos criterios de admisión comunes para el conjunto de la oferta educativa sostenida con fondos públicos".

El Ararteko insta además a Educación a proceder sin demora en esta actuación cumpliendo así su obligación legal.

Entrega del informe anual de 2007 del Ararteko a la presidenta del Parlamento vasco.PRADIP J. PHANSE

No se eliminan de oficio: Datos en poder de las policías

Junto a la llamada a Educación en los accesos a los centros, en el informe anual del Ararteko sobresale una advertencia a Interior y a los Ayuntamientos.

Se refiere al incumplimiento por parte de las policías, tanto autonómica como locales, de la obligación legal de eliminar de oficio de sus ficheros, una vez que se produce una intervención judicial, los datos de carácter personal que recogen en el desempeño de sus funciones. La Ley de Protección de Datos obliga a cancelar esos datos cuando "hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la que hubieran sido recabados o registrados".

Los ayuntamientos de Bilbao, San Sebastián y Vitoria actúan a instancias de las personas interesadas, pero no de oficio. Interior adujo falta de información sobre las actuaciones judiciales posteriores a la policial.

Subsisten las resistencias: Lamarca pide más colaboración

Las administraciones enmiendan su actuación en casi el 90% de los casos cuando son requeridas por el Ararteko. Pero Iñigo Lamarca señaló la existencia todavía de resistencias y retrasos y les pidió "que se pongan las pilas". La institución se ve obligada aún a dirigirles, tras una espera razonable una vez cumplidos los plazos, numerosos requerimientos -311 el año pasado- e incluso apercibimientos. Éstos últimos incluyen la advertencia de que pueden incurrir en responsabilidad penal y fueron diez de 2007. Tres permanecen aún sin respuesta: uno es responsabilidad del Ayuntamiento de Vitoria y los otros dos del de Zaratamo.

En el Gobierno, los departamentos de Educación, con 22 requerimientos; el de Sanidad, con 29: y el de Vivienda, con 19, son los que más "resistencia" a la acción del defensor público observan.

Cómo atiende la Administración: El valor de la mera atención

Los ciudadanos acuden al Ararteko en gran parte porque no se sienten escuchados por la Administración. Es la conclusión de Iñigo Lamarca. Lo revelan las quejas sobre el deficiente nivel de relación que exponen quienes se dirigen a la institución: les faltan respuestas, les faltan argumentaciones sobre su caso concreto y les sobran los escritos estandarizados que reciben. Se trata, dijo, de una de sus mayores preocupaciones. Con el Ararteko, por el contrario, el grado de satisfacción es alto: el 90% se da por satisfecho con su actuación, aunque no se le dé la razón. De hecho, de las 632 quejas formalizadas, sólo en el 42% se estimó que había efectivamente actuación incorrecta de la administración reclamada.

Lamarca deduce de ello que una simple mejora de la atención evitaría muchas quejas.