El Ararteko denuncia desigualdades en el acceso a las escuelas infantiles

Las familias que quieren matricular a sus hijos en una escuela infantil para el tramo de 0 a 3 años se pueden encontrar con una variada casuística de criterios de admisión que deja en papel mojado la igualdad en el acceso a los servicios educativos financiados con fondos públicos.

Se exigen requisitos distintos según centros y hay casos de privilegio

Así lo revela el informe de 2007 del Ararteko, presentado ayer en el Parlamento por el titular de la institución, Iñigo Lamarca, que pidió al Departamento de Educación una intervención sin demora para terminar con esa situación. La cuestión, que afecta a un gran número de familias, constituye una de las dos recomendaciones de carácter general que el documento, de casi ochocientas páginas, realiza. Y adquiere mayor relevancia cuando los planes del Departamento de Educación incluyen la fijación en cada zona geográfica de itinerarios formativos completos, con correspondencia entre centros desde la educación infantil hasta la finalización de los estudios no universitarios. Es decir, que los padres de un niño o niña de meses deben poder conocer, antes de iniciar su escolarización, los centros en los que realizará todas las etapas.

La realidad con la que se encuentran los padres cuando quieren inscribir a los menores dista ahora mucho de la equidad y la igualdad de oportunidades en el acceso que el Departamento de Educación proclama buscar con empeño en sus últimos trabajos sobre el mapa escolar.

En la oferta pública las familias se pueden encontrar con que se les aplican criterios de admisión de tres tipos diferentes, dependiendo de que se trate de aulas de dos años en centros dependientes del propio departamento, de escuelas infantiles dependientes del Consorcio Haurreskolak o de escuelas infantiles de titularidad municipal.

Por ejemplo, en el caso de Haurreskolak, se pide un año de empadronamiento en el municipio donde radique el centro que se solicite, algo que no se exige en los otros niveles públicos. El Ararteko ha encontrado también que en algunas escuelas municipales, como las de San Sebastián, los hijos de los empleados municipales gozan de una suerte de acceso directo en detrimento de otras familias. Y también que en muchas otras no se consideran situaciones familiares relevantes desde el punto de vista asistencial.

Sin llegar a realizar una descripción exhaustiva de las diferencias registradas, el informe señala que se está "propiciando y permitiendo" que el acceso a los servicios educativos en la oferta de educación infantil sostenida con fondos públicos "no se produzca de forma igualitaria".

El informe del Ararteko atribuye la variedad de criterios existente a la "insuficiencia" de la regulación que el Departamento de Educación tiene la responsabilidad de establecer, según el decreto de 2002 que regula las escuelas infantiles. "El Departamento de Educación fijará los criterios generales de admisión de niños y niñas de cero a tres años en los centros públicos y aquellos que perciben ayudas económicas", reza el citado decreto.

La insuficiencia de la regulación de Educación estaría impidiendo el objetivo de evitar "una selección arbitraria" en el acceso a los centros, añade el informe, con lo que queda en cuestión el objetivo de un tratamiento igualitario de todos los aspirantes.

Si de verdad se quiere asegurar la igualdad de oportunidades que se persigue tanto a modo de principio como de objetivo del nuevo mapa escolar, señala el informe, "es obligado que la administración educativa recabe la colaboración de las demás administraciones afectadas (ayuntamientos con servicios educativos propios) para establecer unos criterios de admisión comunes para el conjunto de la oferta educativa sostenida con fondos públicos".

El Ararteko insta además a Educación a proceder sin demora en esta actuación cumpliendo así su obligación legal.