Medio Rural dejó de ingresar 630.000 euros por cinco solares

Entre los damnificados por el bajo precio que ofertó la inmobiliaria Fadesa para construir el polígono industrial en este ayuntamiento coruñés está, además de los propietarios particulares que decidieron vender sus parcelas, la Administración Pública. La Consellería de Medio Rural, como administradora de cinco fincas (54.695 metros cuadrados) afectadas por el proyecto de expropiación, también resultó perjudicada, al dejar de percibir 627.898 euros, según la valoración fijada en diciembre por el Jurado de Expropiación de Galicia.

Los terrenos expropiados a la Xunta provenían del descuento del 9% que se les había aplicado años atrás a los propietarios de tierras en la zona de Castrofeito (dentro del ayuntamiento de O Pino), que aportaron parcelas al proceso de concentración parcelaria para posibles correcciones de errores y viales. Pese a tener encomendada la gestión y administración de las masas comunes, la consellería no compareció al levantamiento de las actas de ocupación ni litigó contra el precio ofertado por Fadesa, de 6,05 euros el metro cuadrado. Entre el 20 de noviembre de 2006, fecha en que aprobó definitivamente el proyecto de expropiación del suelo urbanizable para el parque empresarial, y el 26 de diciembre de 2006, cuando fue publicado el acuerdo en el Diario Oficial de Galicia, no consta ninguna objeción por parte de la Xunta a las condiciones formuladas por Fadesa, por lo que la oferta se entiende aceptada por la Administración.

Medio Rural percibió por la venta de los terrenos un tercio de lo que realmente le correspondía al organismo autonómico. En total ingresó 330.904,75 euros cuando la valoración de las fincas, según el justiprecio fijado por el jurado de Expropiación de Galicia fue de 958.803,35 euros.