Sin boda, sin pensión, sin divorcio...

El abogado de Ciudad Real Ramón Alén cuenta la historia de un cliente que ilustra el componente desesperante de esta huelga: "Hace un mes, un hombre cobró una indemnización de 2.500 euros por despido. Se fue a celebrarlo. Se emborrachó. Se peleó. Le detuvo la Guardia Civil. Le retuvo el dinero al sospechar que provenía de un robo. Fue puesto en libertad después. Tuvimos que demostrar que el dinero tenía una fuente legal, que procedía de la indemnización. Lo hicimos. La Guardia Civil está de acuerdo. Y el juez. Pero para que se lo devuelvan faltan dos trámites: el mandamiento de devolución y la diligencia de entrega. Y sin nadie que tramite esos papeles, pues no hay dinero. Y este señor no tiene otro dinero. Vive de la caridad, se pasa por mi despacho cada dos por tres para que le dé cinco euros o así, y acude a Cáritas con una bolsita de plástico para pedir comida. Y tiene 2.500 euros, pero...".

Un hombre lleva dos meses pidiendo una partida de nacimiento

Hay parejas que dan el banquete de boda sin haber podido casarse

La huelga de funcionarios judiciales, que comenzó el 4 de febrero, es así: discriminada. No afecta a todos los ciudadanos por igual. De hecho, a la inmensa mayoría ni siquiera le roza. Pero al que le atrapa le da de lleno y le desbarata la vida. Es una suerte de lotería inversa.

A veces el sentido común y la necesidad de tirar para delante se imponen al bloqueo burocrático. Eso ocurre con las bodas. Sin los papeles del Registro Civil no se pueden celebrar matrimonios. Y hay parejas que, con el restaurante comprometido y los parientes invitados, han visto con desesperación que la fecha se acercaba y no obtenían a tiempo los certificados pertinentes. Al final, según relata el abogado Jesús Barroso, del despacho Díaz de Mera, también de Ciudad Real, muchas de esas parejas han decidido casarse, por así decir, por lo festivo. Han mantenido el banquete y la fecha y han celebrado la boda con todo lo previsto menos la boda misma. Ya habrá tiempo, han pensado, cuando la huelga termine, de casarse por lo legal.

El Ministerio de Justicia calcula que en los casi dos meses de huelga se contabilizan "41.000 actos judiciales suspendidos". Los sindicatos los elevan a más de 100.000. En cualquier caso, miles de desahucios no cumplidos, de pensiones no determinadas, de sentencias no notificadas...

El abogado Alén aporta un ejemplo de lo que puede pasar cuando no se notifica una sentencia: el afectado se llama Salah Ghayaj, es de origen marroquí, tiene 26 años, lleva diez en España y en 2005 sufrió un accidente mientras trabajaba en una fábrica de cerámicas. "Apilando palés de cajas de tejas me corté la mano derecha. Toda la mano. Sólo me queda un muñón. Ahora vivo de una pensión de 650 euros. Pero mi hipoteca me cuesta casi 500. Tengo familia. Estoy muy mal de dinero. Denuncié a la empresa. Le reclamé una indemnización fuerte. Más de 300.000 euros. Y fuimos a juicio".

El juicio se celebró. Y al abogado le consta que el juez de Ciudad Real que lleva el caso ya ha firmado la sentencia. Pero no hay funcionario en el juzgado que la notifique a las partes afectadas, es decir, no hay manera legal posible de hacer llegar al abogado de Ghayaj la decisión judicial que va a cambiar la vida de su cliente. "Él viene todos los días, y me pregunta, y pregunta al procurador, y yo le digo que mientras dure la huelga no hay nada que hacer, no podemos adelantar nada".

La huelga de los funcionarios sólo se lleva a cabo en las comunidades autónomas que no tienen transferidas las competencias en materia de Justicia: Castilla-La Mancha, Asturias, Castilla y León, La Rioja, Extremadura, Baleares y Murcia, además de Ceuta y Melilla. Componen un ejército de cerca de 10.500 funcionarios. Su principal reivindicación es salarial: piden que se les pague lo mismo que a sus compañeros de las comunidades transferidas, que cobran 200 euros de media más al mes. Ayer lo volvieron a pedir en una manifestación en Madrid, a la que acudieron alrededor de 5.000 personas.

"Somos mileuristas, o casi mileuristas", precisa José Manuel Poyato, de CC OO de Ciudad Real. Los funcionarios de justicia cobran una media de 1.200 euros al mes. "Lo que pedimos no es una subida", quiere precisar Poyato. "Es una equiparación salarial. No entendemos por qué un funcionario de Madrid o de Andalucía, que hace lo mismo que nosotros, exactamente lo mismo, cobra más", añade.

Poyato dice esto en el inmenso y nuevo vestíbulo del nuevo edificio de los juzgados de Ciudad Real, que se encuentra vacío y paralizado. Da la impresión de que no ha sido inaugurado todavía. En una esquina hay un muñeco de trapo ahorcado que simboliza al ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo. La proliferación de carteles, anuncios y pancartas contrasta con la desolación de las salas de vistas y los pasillos desiertos.

Hay carteles en todas las puertas: "Juicios suspendidos por la huelga de funcionarios". Poyato se introduce en las dependencias del Registro Civil, sortea varias hileras de estanterías de metal y se para ante una. Coge un tomazo relativo a los nacimientos de 1943. Está sucio, deshilachado, roto, despegado, desencuadernado. Las hojas, sueltas, están llenas de esa retorcida caligrafía de la posguerra.

Poyato levanta el tomo: "No es que no esté informatizado; es que está así, es que tenemos que trabajar así, es que los ciudadanos no se merecen una justicia como esta, con libros como este y con funcionarios que cobran lo que cobramos", señala. "Este tomo es el símbolo de todo lo que ocurre en el Ministerio de Justicia". Luego lo ordena, cuadra las hojas sueltas y lo inserta de nuevo en el hueco de la estantería que ha quedado libre.

En la cola del Registro Civil aguarda un hombre de mediana edad, con cara de resignación o mala leche. Se llama Joaquín Echevarría. No tiene ninguna objeción en relatar por qué está ahí: "Hace unos meses perdí el Documento Nacional de Identidad (DNI). Vivo en Madrid, así que fui a la policía a que me dieran otro. Por no sé qué error no figuraba en el ordenador, así que para que me lo dieran, necesitaba una partida de nacimiento. La pedí por carta a Ciudad Real, porque yo nací en Ciudad Real, pero la carta no ha llegado, está por ahí retenida. Por eso estoy aquí, para solicitar la partida en persona. Y a ver si me la dan", añade.

Un funcionario en huelga se interesa amablemente por su situación y le informa de que, dados los servicios mínimos del registro y la cantidad de asuntos pendientes, no tramitarán su petición pronto. El hombre arruga la boca y explica: "No tengo pasaporte. Voy indocumentado. Como me pase algo, no sé cómo lo voy a explicar. Y no puedo cobrar unos cheques que tengo pendientes porque me falta el DNI". Luego entra en el registro con la misma cara de resignación de toda la mañana.

El viernes pasado representantes de los sindicatos convocantes de la huelga (CC OO, UGT, CSI-CSIF y STAJ) y del Ministerio de Justicia estuvieron reunidos 11 horas. Se levantaron de la mesa sin llegar a un acuerdo. "Espero que el lunes se arregle", afirma el secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez Hernández.

"El Ministerio ofrece una subida de 50 euros ahora y, escalonadamente, hasta mediados de 2009, ir subiendo hasta llegar a los 180 euros. Eso sí: estará condicionada a un aumento de la efectividad. Los ciudadanos deben notar esa subida de sueldo en un mejor servicio. También hay desacuerdo en cuanto a las horas extra necesarias para recuperar el tiempo perdido, a cómo se deben de hacer y cómo cobrarlas", explica el secretario de Estado.

Mientras tanto, los abogados de las zonas afectadas hacen malabarismos legales para conjurar el parón burocrático. "A mí me ha pasado, en estos dos meses, de un señor que ha abandonado el matrimonio con hijos, y en esos casos corresponde al juez dictar una asignación de urgencia para alimentos que debe pasar a la madre. Pero sin funcionarios eso no se tramita, así que nos hemos puesto de acuerdo los abogados: 'Dile a tu cliente que le pase algo a la mía y después ya se arreglará'. Y en esas estamos".

Otro abogado relata la desesperante historia de un jubilado que alquiló un local a un tipo que decidió, hace meses, dejar de pagar. "Se señaló el juicio para desahuciarle para mediados de marzo, pero se ha suspendido, con lo que el juzgado deberá señalar otro dentro de unos meses. Durante todo este tiempo mi cliente ha estado perdiendo dinero", explica.

Barroso termina la relación de casos de episodios surrealistas: "Un cliente vino hace poco para que le asistiera porque en su finca alguien había comenzado a trazar un camino de tierra. Le pidió que parara y al otro no le dio la gana. En circunstancias normales, el juez habría firmado un interdicto y la obra se detiene hasta que se dé la razón a uno o a otro. Pero aquí no se ha parado porque el interdicto no se ha notificado. También llevo empresas a las que les deben dinero. Normalmente, se embargarían cuentas para cobrar. Ahora no. Ahora no hay órdenes de embargo. Y lo peor, lo más triste, algo que simboliza todo este caos: en Ciudad Real nació un niño hace semanas que no fue registrado y que luego murió. Tampoco fue registrada la defunción: el niño ha pasado por este mundo pero, a efectos legales, por ahora, no existe, no ha existido jamás".