"Recuperarse va a ser una locura que durará meses"

"Cuando esto acabe, recuperar la normalidad va a ser una locura que durará meses", rebufa una funcionaria de la Audiencia Nacional apoyada en la puerta de un despacho. "Somos 12 de huelga en mi sala. Yo sólo vengo porque nos obligan los servicios mínimos", protesta antes de desaparecer tras un portazo.

La Audiencia Nacional aparecía el viernes medio vacía. "Esto está muerto, nada que ver con el trasiego habitual", comenta un fiscal en fuga por los pasillos. Carteles llamando a la resistencia del funcionariado se despegan de los corchos a su paso. Detrás de las puertas entornadas asoman grandes pilas de papeles camino de derrumbarse bajo su propio peso. Los funcionarios en servicios mínimos permanecen sentados ante ellas con cara de no saber muy bien por dónde empezar la poda.

En los juzgados de instrucción sólo se tramitan las causas con presos

Nadie quiere hablar en la Audiencia; jueces, fiscales y secretarios se remiten a los comunicados oficiales, todos a la espera de que concluyan las negociaciones entre el Ministerio de Justicia y los sindicatos. Las caras largas son el discurso más elocuente: a los labios fruncidos se les escapan gruñidos de irritación y nerviosismo por la acumulación de causas y carpetas. Y aun así, entre la judicatura reina un cierto alivio porque el paro no haya afectado todavía a la Sala de lo Penal, donde los juicios más importantes se han venido desarrollando sin problemas. El pasado jueves se emitió la sentencia de Gescartera y el viernes compareció ante el juez Ainhoa Mugica, ex número dos del aparato militar de la banda terrorista ETA.

La regularidad ha estado garantizada hasta ahora gracias a que todos los juicios fueron señalados con anterioridad al inicio de la huelga, el 4 de febrero.

Los jueces temen que el paro comience a notarse a partir de la próxima semana. El jueves, el presidente de la Audiencia Nacional, Carlos Dívar, se reunió con el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, para recordarle que la parálisis es un mal degenerativo: aún no ha llegado al corazón de la Audiencia, pero ya se le oye arrastrar las piernas por los pasillos. Juan Antonio Martín, secretario general del sindicato CSI-CSIF, señalaba ayer que en las próximas semanas comenzarán a plantearse graves problemas con asuntos judiciales de relevancia, "en concreto con tres dossieres referentes a la ilegalización de partidos políticos".

En el resto de salas, el panorama es el de una justicia en bancarrota. La Audiencia confirma que en la de lo Contencioso el 95% de las actuaciones han quedado suspendidas y que más de 4.000 escritos están pendientes de trámite. En la Sala de lo Social el panorama es similar: dos tercios de los juicios se han suspendido. Los juzgados de instrucción están prácticamente paralizados. Sólo siguen su curso las causas que implican a un preso; no hay efectivos para dar traslado al resto.

Los servicios mínimos estipulados han sido evaluados por letrados y procuradores como "muy mínimos": comprenden un funcionario por sala. Pese a todo, los jueces y secretarios judiciales de Instrucción han mostrado abiertamente su apoyo a las reivindicaciones salariales de los funcionarios.

En el resto de órganos judiciales centrales con sede en Madrid la situación es parecida. Un magistrado del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, reconoce que lleva casi dos meses sin firmar sentencias. "No me llegan. Sé que están ahí, pero como la sala de máquinas no funciona, los magistrados no podemos hacer nada".

Martín Pallín considera que el efecto perverso del paro es evidente: "No podemos olvidar que beneficia al 50% de los afectados, es decir, a todos aquellos que tienen cuentas pendientes con la justicia".

Los funcionarios se muestran más escépticos sobre el impacto de 56 días de inactividad en los órganos centrales. "Hay casos en que se acumulan retrasos de años. A ver en qué le afecta a una causa un par de meses más", explica, antes de encerrarse a lidiar con su pila de documentos, otro funcionario en servicios mínimos.