La insaciable reivindicación del PP

El PP actúa como un martillo pilón sobre el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, aunque este se encuentre en funciones. No hay día en que uno o varios cargos públicos u orgánicos del PP no responsabilicen al Gobierno de España de ser el origen de cualquier problema. El abanico reivindicativo es amplio. Desde el sistema de financiación autonómico hasta la quema de contenedores, pasando por la inmigración o la crisis del ladrillo, todos los problemas que se abaten sobre la Comunidad Valenciana son responsabilidad de los socialistas.

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, destina un solo policía local a un barrio conflictivo con los inmigrantes; pero si en esa zona se producen agresiones violentas la culpa será del Gobierno que no envía suficientes policías nacionales. Si arden los contenedores de basura en los barrios de la capital, Zapatero es culpable. Y lo mismo ocurre si una juez retrasa las obras del aeropuerto de Castellón, si crece el paro por culpa de la crisis del ladrillo, o si la Generalitat de Cataluña quiere hacer un trasvase del Segre. Siempre la culpa es de Zapatero, aunque la ministra de Medio Ambiente se oponga a la toma de agua desde ese afluente del Ebro.

Los populares inician una campaña de recogida de firmas

Blasco: "En 10 años habrá que destinar 1.000 millones para los inmigrantes"

Los socialistas creen que el PP actúa como un partido nacionalista

Coherentes con el insaciable afán revindicativo que caracteriza la política de los populares valencianos, ayer su secretario general, Ricardo Costa, acompañado de sus compañeros en las tres provincias, escenificó el inicio de una campaña de recogida de firmas para "exigir" al Gobierno de España el pago anual de 500 millones de euros hasta que no se cambie el modelo de financiación. El argumento para tamaña reivindicación es el hecho cierto de que el número de habitantes de la Comunidad Valenciana ha aumentado en un millón.

La realidad política, que el PP no quiere recordar, es que el actual modelo de financiación se realizó a propuesta de Eduardo Zaplana, ex presidente de la Generalitat y portavoz en funciones del grupo parlamentario popular en el Congreso de los Diputados. Un modelo que aprobó el gobierno de José María Aznar, presentándolo como "definitivo" y que el actual presidente del Consell, Francisco Camps, defendió durante muchos años como inmejorable. Ahora ya no vale. Seguramente porque los mecanismos de modificación para tener en cuenta el incremento de población son tan complejos que resultan intrasladables a la autonomía valenciana.

La Generalitat es la autonomía de España con mayor deuda en relación con su PIB -el PSPV recordó ayer que cada valenciano debería aportar 2.725 euros para hacer frente a los créditos comprometidos por el Consell-, lo que no es obstáculo para que mantenga una fuerte apuesta por grandes eventos, con patrocinios económicos importantes. Costa ayer se comprometió, durante la presentación de la campaña de recogida de firmas Somos 5 millones (muy similar a la de Som 7 mil·lions que lanzó Jordi Pujol cuando era presidente de la Generalitat catalana), a destinar "de forma íntegra" el dinero que aporte el Gobierno central a "sanidad, educación y dependencia". Esta semana se ha sabido que el Defensor del Pueblo ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la gestión de la Ley de Dependencia que hace el gobierno valenciano por convertir el silencio administrativo en negativo ante las peticiones de los ciudadanos que se sienten con derecho a percibir las ayudas por ser discapacitados.

El PP piensa recoger el mayor número de firmas distribuyendo hojas a través de las estructuras locales, comarcales y provinciales de su partido, así como a través de su página web. Los populares también presentarán mociones en ayuntamientos, diputaciones y en las Cortes Valencianas. Según Ricardo Costa esta iniciativa busca "firmas sin ideología, porque la financiación que pedimos se va a aplicar en beneficio de todos".

En el PP, sin embargo, no todos están de acuerdo en el modelo de financiación autonómico a seguir. Desde la Junta de Castilla-León, en manos de los populares, se subrayó ayer mismo que no pueden "admitir una revisión del modelo de financiación en base sólo al criterio de población", sino que deben incluirse otros factores "solidarios", como el de la dispersión geográfica de sus habitantes, según informa Europa Press.

A la reivindicación de un cambio de modelo de financiación autonómica que reclamó Ricardo Costa se sumó también la de Rafael Blasco. El consejero de Inmigración y Ciudadanía anunció que la Generalitat tendrá que afrontar dentro de 10 años un gasto anual de 971.565.000 millones para atender al casi millón y medio de habitantes que residirán en la Comunidad Valenciana. Blasco afirmó que la Generalitat destina 665 euros a cada uno de los 732.102 extranjeros que en la actualidad viven en este territorio. Cifra que contrapuso con la inversión del Gobierno, que redujo a 27 euros por inmigrante.

En un año, se quejó el consejero, el presupuesto del Gobierno central destinado a la inmigración ha pasado de 22,71 millones a 22,81, pese a que durante 2007 la población extranjera ha aumentado en 64.027 personas. Blasco, apoyándose en datos del Instituto Nacional de Estadística, constató que la población inmigrante en la Comunidad Valenciana es cada vez más joven. En el caso de Valencia y Castellón los menores de 19 años superan a los de 65, cosa que no ocurre en Alicante.

Frente a la ofensiva del PP, los socialistas, a través de Alfred Boix, secretario de Organización de la comisión gestora, respondieron acusando a los populares de "radicalizarse" en su oposición al Gobierno de España y señalaron que iniciativas como la recogida de firmas "supone un paso sin retorno en su refundación como partido nacionalista". Boix se preguntó si, después de actuaciones como las emprendidas por el PP, qué más se puede esperar y se contestó: ¿Acaso la celebración de un referéndum?