La Fiscalía del TS apoya el recurso a los aparcamientos

La Junta de Fiscales del Tribunal Supremo acordó ayer, por unanimidad, tramitar el recurso de casación impulsado por la Fiscalía Anticorrupción de Alicante contra el archivo decretado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana de la causa por el supuesto trato de favor del alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, del PP, al contratista Enrique Ortiz en la adjudicación de tres aparcamientos subterráneos. El pronunciamiento del ministerio público del Supremo se produce a raíz de una queja planteada por su homólogo de Anticorrupción a la negativa del TSJ a tramitar la apelación. El futuro del recurso queda ahora pendiente del visto bueno de los jueces del alto tribunal.

De esta forma, los fiscales del Supremo avalan la tesis del destacamento de Anticorrupción de Alicante, que dirige Felipe Briones. Éste, en contra del criterio del TSJ, considera que jurídicamente sí cabe el recurso de casación. Briones cree que el escrito de razonamiento del magistrado instructor, el titular del Juzgado número 8 de Alicante, al remitir la causa al TSJ debido al aforamiento de uno de los imputados, en este caso el alcalde Alperi, equivale a un auto de procesamiento. Ello lleva implícito un hipotético recurso de casación en el supuesto de que sea archivado, sin la práctica de diligencia alguna, como ocurrió con la resolución del TSJ. Este tribunal archivó la causa primero de manera provisional, mediante un auto de un magistrado instructor. La resolución fue ratificada después, en concreto el 22 de febrero, por la sala de lo Civil y Penal del TSJ.

Además del alcalde y el promotor, en el sumario estaban imputados también la concejal de Urbanismo, Sonia Castedo, y el ex concejal delegado de Seguridad Ciudadana y Tráfico, Luis Concepción, todos ellos acusados de los supuestos delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, apropiación indebida, falsedad y malversación de caudales públicos. Las investigaciones arrancaron en 2006, tras las denuncias sobre modificaciones en el contrato de tres aparcamientos subterráneos a favor de la empresa Ortiz e Hijos, que habrían supuesto al Ayuntamiento un quebranto económico de más de 2,2 millones de euros.

Felipe Briones sostiene que la "amistad personal y familiar" entre el alcalde y el contratista fue "fundamental" en el supuesto trato de favor del primero al segundo al adjudicar el contrato.