Ciencia democrática, política responsable

Últimamente se oyen voces, como la del filósofo Daniel Innerarity en este mismo periódico, que reclaman que la ciencia se democratice. La ciencia es demasiado importante, dicen, para dejarla sólo en manos de los científicos. ¿Qué estaremos haciendo mal para que propuestas como ésta nos parezcan casi lógicas? A mi modo de ver, dos son las causas principales, y las dos tienen que ver con la correcta definición de las funciones de la ciencia y de los límites de cada una de ellas.

Del cambio climático a la clonación, de la terapia génica a los transgénicos, existen muchas cuestiones que preocupan a la sociedad que tienen un componente científico esencial. La sociedad pide a los científicos que analicen estos problemas y le aconsejen sobre las posibles soluciones; que desarrollen nuevas técnicas, nuevas terapias, que busquen soluciones; y también, cada vez más, que se decidan a dejar el laboratorio y creen pequeñas empresas de base tecnológica. Que sean realmente útiles y colaboren en dinamizar la nueva economía del conocimiento. Así las cosas, acabamos viendo al científico en un doble o a veces triple papel de experto, empresario e, incluso, político, y es comprensible que esto resulte inquietante. ¿Por qué tendríamos que creer a un científico, por eminente que sea, cuando nos asesora sobre una tecnología prometedora si él mismo ha creado una empresa para explotarla?

Éste es ciertamente un problema que se ha acentuado en los últimos años. El indudable éxito de la ciencia en producir conocimiento que puede ser aplicable al desarrollo tecnológico, y por lo tanto tener un valor mercantil, hace que ésta se esté convirtiendo en su función principal. En una sociedad en la que la utilidad y el rendimiento alcanzan las más altas cotas de prestigio no es extraño que la ciencia no rentable se vaya relegando a los márgenes del sistema. Cada vez es más difícil conseguir dinero para investigar si no se orienta la investigación hacia objetivos aplicados y se valora, y a menudo se exige, la participación directa de las empresas en la investigación.

En los últimos años la presión sobre los científicos para que se conviertan ellos mismos en empresarios ha aumentado considerablemente. Y aunque la existencia de científicos-empresarios sea beneficiosa para la economía y nuestro tejido industrial, corremos el riesgo de identificar a esta ciencia con la ciencia misma, con toda la ciencia. Más que nunca necesitamos ciencia no directamente productiva, y no sólo porque es la fuente de la ciencia rentable del futuro, sino porque necesitamos científicos independientes que puedan asesorarnos en problemas complejos de base científica.

La segunda razón que podría explicar el recelo creciente que genera la ciencia y los científicos podría buscarse en el uso y el abuso político de la ciencia. Existen distintas organizaciones y agencias de análisis y asesoría científica a las que nuestra sociedad puede acudir, y de hecho acude. Sin embargo, para que el sistema funcione correctamente, no sólo es indispensable que el trabajo de estas agencias se base en el rigor y la independencia de sus científicos, también es esencial que la sociedad utilice correctamente la información que le proporcionan. Es decir, que una vez asesorados en sus aspectos científicos, los políticos, teniendo en cuenta las otras muchas caras que los problemas complejos tienen, tomen una decisión política y, sobre todo, la justifiquen como tal.

Demasiado a menudo se busca una ciencia a medida que justifique determinadas decisiones políticas o se opta por desprestigiar a quienes no asesoran en una determinada dirección. No se puede negar el calentamiento global para justificar el no tomar medidas de ahorro energético con un coste evidente para la economía o el nivel de vida de los ciudadanos, de la misma forma que no se puede bloquear el cultivo de transgénicos parapetándose en unos supuestos problemas ambientales o para la salud que ningún estudio científico riguroso avala.

Si cuando hablamos de democratizar la ciencia estamos hablando de introducir criterios políticos en el diseño, el análisis y la interpretación de los resultados experimentales, estamos pidiendo el fin de la ciencia como tal. Permitamos que los científicos hagan su trabajo, preservemos una ciencia no rentable y responsabilicémonos todos de nuestras decisiones políticas. La democracia saldrá ganado.

Josep M. Casacuberta es Investigador Científico del CSIC y miembro del Panel de Organismos Modificados Genéticamente (OGM) de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).