Continuidades y mutaciones

Tras las vacaciones de Semana Santa han comenzado a ponerse en marcha -con inexplicable lentitud en lo que respecta al PP- los preparativos de la nueva legislatura. Programada la constitución de las Cortes para el 1 de abril, la elección de las Mesas del Congreso y del Senado repartirá los primeros honores y premios entre diputados y senadores; luego llegará la hora de la pedrea de las presidencias y demás cargos de las comisiones. La designación por los partidos de los portavoces y responsables de los grupos parlamentarios resultará igualmente orientativa del rumbo de los próximos cuatro años.

Los requisitos fijados por los reglamentos de las Cámaras para la formación de los grupos parlamentarios -los motores de funcionamiento de las Cortes Generales- juegan con un número mínimo de miembros y un porcentaje sobre el total de votos escrutados en las elecciones. De aplicarse de manera estricta tales exigencias, el actual Congreso sólo contaría en esta legislatura con cuatro grupos -PSOE, PP, CiU y PNV- por derecho propio, más un coche-escoba de gran formato que daría asiento a 11 viajeros de cuatro formaciones nacionalistas (ERC, BNG, CC y Na-Bai) y dos de ámbito estatal (IU y UPD). Sin embargo, las mayorías de vocación gulliveriana suelen arreglárselas para aplicar criterios interpretativos benévolos, laxos o incluso cínicos de las leyes con el propósito de dar voz propia y asignar recursos financieros generosos a sus aliados liliputienses.

El trabajo de tejer alianzas no será fácil para Alonso, el nuevo portavoz del Grupo Socialista

Tanto la flexibilidad a la hora de formar grupos parlamentarios al margen de una lectura reglamentaria estricta como el reparto de las presidencias, vicepresidencias y secretarías en las Mesas y Comisiones son a la vez un reflejo y un instrumento de la política de alianzas. A sólo siete diputados de la mayoría absoluta, los socialistas necesitan apoyos para alcanzar los 176 escaños que les permitan conseguir la investidura de Zapatero en primera vuelta, la aprobación de las leyes orgánicas y ponerse a salvo de las emboscadas parlamentarias sobre legislación ordinaria. Con los cinco diputados -de 164 a 169- ganados el 9-M respecto a la anterior legislatura, el futuro presidente -ahora en funciones- disfrutará de una situación de gobernabilidad considerablemente mejorada. En cambio, los seis escaños -de 148 a 154- recién conquistados por el PP carecen de valor estratégico: los populares no tienen a su alcance una mayoría alternativa.

En cualquier caso, el fatigoso trabajo de tejer alianzas, negociar acuerdos y desenredar nudos no será fácil para el nuevo portavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso, uno de los buenos ministros -si no el mejor- del anterior Gobierno en las carteras de Interior y Defensa. La candidatura de Ramón Jáuregui -un político de alto nivel infrautilizado después de haber formado parte del Gobierno vasco de coalición- para ocupar la secretaría del grupo parlamentario es también una iniciativa acertada.

Un acuerdo a dos entre PSOE y CiU le permitiría al Gobierno alcanzar la mayoría absoluta sin otra ayuda gracias a los 10 diputados nacionalistas. La fórmula fue ensayada por dos presidentes diferentes con mayoría simple: Felipe González en 1993 y Aznar en 1996. En caso de que Zapatero repitiera esa alianza, el margen de Rajoy para criticar tal entendimiento -con la cantinela de que pone en peligro la unidad de España- sin que se le cayera la cara de vergüenza sería mínimo: el candidato del PP derrotado el 9-M no negó la posibilidad de gobernar con CiU en el supuesto de que las urnas le deparasen la victoria con mayoría simple. Las dificultades del Gobierno para llevar a buen puerto esa negociación, que podría llegar incluso a discutir la entrada de CiU en el Consejo de Ministros, proceden de Cataluña: el PSC -que aporta 25 diputados al grupo parlamentario del PSOE en el Congreso- formó un Gobierno de coalición tripartito con ERC e IC después de las elecciones autonómicas de noviembre de 2006, relegando a CiU -vencedor en votos y diputados- a la oposición.

Los seis diputados del PNV -que también votó la investidura de Aznar en 1996 aunque los populares finjan ahora olvidarlo- resultan insuficientes para completar en solitario la mayoría absoluta del PSOE; de añadidura, los ambiguos planes del lehendakari Ibarretxe acerca de la celebración de un referéndum o consulta sobre la autodeterminación del País Vasco impedirían que el Gobierno pudiese negociar un acuerdo estable.

La alianza parlamentaria del PSOE con ERC, IU y BNG durante la anterior legislatura es irreproducible: los 15 escaños sumados por los tres partidos en 2004 han quedado reducidos a siete tras el 9-M y los republicanos catalanes no son socios fiables. Por lo demás, los entendimientos parciales -sobre la investidura, los Presupuestos o las leyes singulares- entre el Gobierno y los restantes partidos, incluido el PP, pueden dibujar un mapa de acuerdos de geometría variable al estilo de anteriores legislaturas sin mayorías absolutas ni acuerdos estables.