Camps sitúa bajo mínimos la relación con el Gobierno socialista

El nuevo Gobierno salido de las urnas todavía no ha tomado posesión y las relaciones con la Generalitat, que preside Francisco Camps, ya se hallan bajo mínimos. El desencuentro institucional entre el Ejecutivo que lidera José Luis Rodríguez Zapatero y el Consell que preside Francisco Camps ha llegado a tal extremo que los representantes del Gobierno de España actúan como si se se desplazasen a un territorio hostil.

El PP ha decidido sacar la falta de financiación fuera de las instituciones

La imagen que sintetiza la gravedad del desencuentro es la de la vicepresidenta del Gobierno de España, la socialista María Teresa Fernández de la Vega, contemplando una mascletà desde el balcón del Ateneo Mercantil, mientras en el balcón del Ayuntamiento la alcaldesa Rita Barberá y el jefe del Consell, Francisco Camps, agasajaban con todos los honores a un buen número de dirigentes del PP (Mariano Rajoy, Ignacio Estarloa, Daniel Sirera) y a artistas como Carmen Sevilla.

Fuentes municipales aseguran que Fernández de la Vega fue invitada por alcaldía a acudir al balcón del Ayuntamiento el 18 o el 19 de marzo, aunque para esas fechas el nivel de hostilidad política ya había alcanzado tal nivel que la cortesía ya no fue recibida como tal.

A continuación se detallan algunos de los principales desencuentros registrados en los últimos meses.

- Movilización contra ETA. Los Ayuntamientos de Alicante, Valencia y Castellón, gobernados por el PP con mayoría absoluta, fueron los únicos en toda España que rompieron la indicación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y convocacon concentraciones a las puertas de las corporaciones municipales, el mismo día de reflexión, en repulsa por el asesinato del ex concejal socialista Isaías Carrasco. Rita Barberá, que fue presidenta de la FEMP, acusó a los socialistas de no acudir a la concentración frente al Ayuntamietno por temor a ser silbados, aunque ella misma pidió silencio y respeto a la ciudadanía congregada frente a la Corporación.

- Pleitos constitucionales. Desde que el Gobierno anuncio el recurso de varios artículos al Tribunal Constitucional de la ley valenciana de Régimen Matrimonial, que instaura distintas figuras del derecho foral y la separación de bienes, el Consell ha replicado con varios recursos al Ejecutivo socialista. Así, la Generalitat ha recurrido ya, por considerar que vulnera sus competencias, la regulación de las ayudas para el alquiler joven y la normativa de las empresas de inserción laboral.

- Financiación autonómica. Camps y su gobierno menospreciaron durante toda la pasada legislatura la Conferencia de Presidentes autonómicos. Ahora, antes de arrancar el segundo mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, el propio Camps ha decidido cargar contra el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es el órgano que representa al Gobierno y a las autonomías y en el que se debe aprobar cualquier modificación del sistema de financiación autonómico. Es cierto que el Gobierno se comprometió a cambiar el sistema en el anterior mandato y ahora ha renovado su compromiso para paliar, entre otras cuestiones, los desajustes generados por el rápido crecimiento de la población en algunos territorios como el valenciano. Sin embargo, Camps ha decidido sacar el debate del ámbito institucional y llevarlo a la calle. El PP ha puesto en marcha una recogida de firmas para que se reconozca la población real en el sistema de financiación y demonizar a quien se oponga a su iniciativa. El Consell no tiene una propuesta concreta de reforma del sistema y espera a replicar a las ofertas del Gobierno.

- Más guerra del agua. Aunque el trasvase del Ebro no figura en el programa electoral del PP nacional, Camps no piensa renunciar a un argumentario contra el PSOE que tan buen resultado le ha dado. Un nuevo episodio se podrá visualizar en los próximos meses en los pabellones valenciano y murciano de la Exposición Universal de Zaragoza dedicada al agua.

- Infraestructuras. Aunque llegue el AVE a Valencia en 2010, el Consell ha ampliado ya el catálogo de reivindicaciones en materia de autovías, aeropuertos, puertos y ferrocarriles.

- Seguridad. El Consell mantiene las quejas por la falta de agentes, aunque estas cada vez tienen menos base.

- Invisibilidad. Dirigentes de la oposición, como la socialista Carmen Alborch, aseguran que el PP aplica al PSPV-PSOE una política de invisibilidad. "No se reconoce nuestra presencia, intentan actuar como si no estuviésemos", afirma Alborch, "y se ignora la pluralidad existente en las instituciones". En esta estrategia de invisibilidad, la reducida actividad parlamentaria y municipal impuesta por el PP desde las elecciones de mayo ha menguado, aún más si cabe, el protagonismo de la oposición.