Vecinos de A Coruña en pie de guerra ante el posible realojo de gitanos

El proyecto para la eliminación, obligada por la Tercera Ronda que construye la Xunta, del poblado de chabolas más grande de Galicia, Penamoa, en A Coruña, ha encendido un polvorín de protestas que, alimentado por el temor y la falta de información, ha puesto en pie de guerra barrios residenciales de la ciudad.

Los vecinos de Novo Mesoiro, una zona periférica de nuevas urbanizaciones, muchas de protección oficial, en las que viven unas 2.000 familias, se han organizado con estrategias casi de guerrilla y protestas callejeras ante el temor de que el Ayuntamiento realoje en su barrio a las habitantes de etnia gitana de Penamoa, una barriada de condiciones infrahumanas conocida por ser uno de los grandes supermercados de la droga.

Más de 300 personas, en una convocatoria espontánea y desautorizada por la asociación vecinal de Novo Mesoiro, cortaron durante una hora, entre las 19 y las 20 horas, el tráfico en los cuatro carriles de la avenida de Alfonso Molina, la arteria principal de entrada y salida de A Coruña. Un monumental atasco de dos kilómetros de vehículos parados se formó ante unos vecinos de todas las edades que, exaltados, gritaban "que venga Losada" [el alcalde de la ciudad] o "el pueblo unido, jamás será vencido". Fue una protesta ideada en la noche del domingo, cuando ante el rumor de que llegaban "con escolta policial 15 familias gitanas de Penamoa" para instalarse en Mesoiro, salieron de sus casas 400 vecinos que formaron barricadas con contenedores, piedras y vallas. Para hoy está convocada otra manifestación en el centro, organizada por la asociación de vecinos de Novo Mesoiro, con la colaboración de la de Eirís, otro barrio de la periferia, y la de Os Rosales, una zona a espaldas de Riazor.

De nada sirven las reiteradas declaraciones y sucesivas reuniones que las autoridades locales realizan desde hace semanas con ánimo de garantizar que no se trasladarán las familias de Penamoa a esos barrios donde se concentran la edificación de viviendas nuevas en A Coruña. "Paciencia y tranquilidad", reclamaba ayer por la mañana, sin éxito, el alcalde, Javier Losada.

Penamoa es una barriada, a sólo un kilómetro del centro de la ciudad, con aspecto de inmenso vertedero, sin servicios básicos ni calles asfaltadas, en la que viven desde finales de los 80 medio millar de personas que se dedican a la compraventa de chatarra, la venta ambulante en ferias y también, en una proporción significativa, al tráfico de drogas. "No se trata de racismo, sino que no queremos en nuestro barrio el foco de drogas y delincuencia que hay en Penamoa", afirma el presidente de la asociación vecinal de Novo Mesoiro, Humberto Fernández.

Éste desautorizó la protesta de ayer, celebrada mientras estaba reunido con tres concejales, pero se mantiene la convocatoria para hoy. Nadie sabe de dónde salió el domingo por la noche el bulo, difundido como la pólvora por los bloques de viviendas de Novo Mesoiro, así como a través del muy activo foro en Internet que mantienen sus vecinos. Pero la indignación y las protestas se apoderaron del barrio, que se echó a la calle en medio de gritos xenófobos. Ni el despliegue policíal logró calmar los ánimos.

Una vecina bajó a la calle con una lata de gasolina. Un hombre que llegó en furgoneta blanca fue obligado a dejar que sus convecinos registrasen el interior del vehículo antes de poder alcanzar el portal de su casa. "Tenéis que prenderles fuego a todos allí arriba", gritaba una mujer ante las cámaras en referencia a los habitantes de Penamoa.

El Ayuntamiento, que asegura que no se producirá en ningún caso un traslado masivo del asentamiento gitano, está en negociación con los chabolistas. La publicación la semana pasada de la lista de definitiva de adjudicatarios de 260 viviendas de protección pública que promueve la Xunta en Eirís y Novo Mesoiro provocó la desconfianza de los vecinos al comprobar que había entre los beneficiarios personas con apellidos muy comunes entre las familias de etnia gitana de Penamoa. Y cayeron en saco roto las explicaciones de la concejal de Servicios Sociales, Silvia Longueira, de que sólo pueden optar a estas viviendas personas con rentas declaradas.