Illumbe saca el sobrero

Al Ayuntamiento de San Sebastián le han corneado por todos los costados en la plaza de toros de Illumbe. En diez de años de pleitos no ha conseguido dar un solo pase bien. Todos los jueces han coincidido en que la operación urbanística que alumbró el coso taurino y el complejo de ocio anexo salió adelante en unas condiciones de legalidad más que precarias. El cúmulo de irregularidades cometidas, la inseguridad jurídica que ha planeado en todo momento y la deficiente gestión del negocio han llevado al desmantelamiento de un recinto privilegiado de 40.000 metros cuadrados. En un intento por evitar que el fracaso sea estrepitoso, el alcalde, Odón Elorza, está ahora dispuesto a sacar al ruedo el sobrero, a modo de salvavidas.

El Tribunal Supremo anuló la concesión de la plaza de toros y los cines

La parcela no urbanizable de Illumbe, ubicada junto a la ciudad deportiva de Anoeta, fue adquirida a comienzos de los 90 por la empresa Nuevo Desarrollo de Anoeta (NDA), propiedad de la familia taurina Chopera, por 200 millones de pesetas, y vendida un mes después a Eroski por 300 millones de pesetas. La cooperativa los cedió al Ayuntamiento donostiarra a cambio de permitirle aumentar en Garbera el volumen edificable para construir el actual centro comercial. Acto seguido, empiezan a desencadenarse las anomalías. En 1993, se adjudica sin concurso público a NDA la edificación y gestión de una plaza de toros y de un complejo de ocio por un periodo de 75 años. Al tratarse de un equipamiento comunitario que no admite usos comerciales, el departamento de Urbanismo alteró la catalogación de los locales para permitir la apertura de bares y restaurantes en los sótanos del coso y unos multicines en un edificio adjunto.

Este cambalache con escasa apariencia legal fue impulsado de forma muy entusiasta por el PNV, EA y PP. Elorza, entonces regidor, lo transigió de mala gana. Ni siquiera firmó aquel convenio. El grupo municipal de HB recurrió ante los tribunales la concesión "a dedo", y la empresa Sociedad Anónima de Deportes y Espectáculos (SADE) añadió en otro contencioso la existencia de irregularidades en las condiciones físicas del edificio para cines y por conceder unas licencias para unos usos lucrativos que no estaban recogidos en el planeamiento.

Las sentencias del Tribunal Superior de Justicia vasco dieron la razón en 2001 a HB y un año después a la SADE, y el Supremo las ratificó en 2006. El máximo Tribunal anuló la concesión de la plaza de toros y los cines. Pese a recibir estos varapalos, el Ayuntamiento se ha resistido a romper el convenio con los Chopera y abrir un concurso público. Muy al contrario, por la vía de los hechos, en 2006 aprobó una modificación del Plan General para legalizar las actividades de Illumbe.

La maniobra del Ayuntamiento llega tarde. Para entonces, a la vista de los reveses judiciales, la mayoría de los negocios comenzaron a cerrar, incluidos los multicines en julio de 2006. En Illumbe fue tomado entonces por discotecas y pubs que convirtieron la zona en un foco de agresiones y delincuencia nocturna.

Illumbe es hoy una ruina. Sólo quedan dos establecimientos abiertos, y aún colean las consecuencias de la pésima actuación municipal. El Ayuntamiento defiende ante los tribunales que no puede ejecutar la sentencia (ordena convocar una nueva licitación), porque acarrearía consecuencias nefastas para el complejo comercial, cuando en realidad la actividad en Illumbe es prácticamente inexistente.

Los propietarios de los negocios también han cruzado sendas denuncias por la vía civil contra NDA, por recibir unas licencias que han sido declaradas nulas. En estos pleitos, los tribunales les han dado la razón y condenado a la familia Chopera a indemnizarles con sumas de dinero muy importantes. NDA debe abonar 6,1 millones de euros a la empresa Warner y otros casi 550.000 euros a dos locales de hostelería. Y aún quedan otros dos litigios abiertos que podrían engordar las compensaciones económicas.

Mientras tanto, el complejo de Illumbe sigue inmerso en la legalidad. El Ayuntamiento, en el último intento por regularizar la situación, ha abierto una negociación con la empresa de Chopera para acordar la suma económica que debe entregarle por liquidar la concesión. NDA solicitó 50 millones de las arcas públicas; el consistorio podría llegar hasta los 35 millones. Lorza pretende resolver lo antes posible esta negociación y dar carpetazo al cúmulo de errores e irregularidades con la aprobación de un nuevo programa de usos para Illumbe. El alcalde guarda en secreto su solución.