El Estatuto de Cataluña, pendiente de la composición del alto tribunal

Después de Semana Santa y antes del verano, el Tribunal Constitucional quiere tener resueltas tres prioridades: la sentencia sobre su propia ley orgánica, la sentencia sobre la reforma del Estatuto de Cataluña y las 180 cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por los jueces sobre la ley de violencia de género.

La sentencia del Estatuto, el caballo de batalla del PP antes del 9-M, seguirá gravitando sobre la marcha del tribunal en los próximos meses y su resultado, una vez más, puede depender del momento en que recaiga la decisión. Más concretamente, la sentencia puede ser una u otra según se dicte antes o después de la renovación del tribunal.

El tribunal que debe resolver el recurso de inconstitucionalidad del PP tiene una composición de seis magistrados conservadores y cinco progresistas, ya que Pablo Pérez Tremps está recusado y no puede participar en esa deliberación. Por tanto, ahí de nada valdría el voto de calidad de la presidenta, María Emilia Casas. Si la sentencia se dictase antes de la renovación, las cosas seguirían como están y la mayoría conservadora del tribunal podría inclinar el resultado.

Con la renovación saldrán del tribunal la presidenta, María Emilia Casas, progresista, y tres magistrados conservadores: el vicepresidente Guillermo Jiménez y los magistrados Vicente Conde y Jorge Rodríguez-Zapata. Tras el resultado de las elecciones, está claro que de los cuatro jueces a renovar, el PSOE no admitirá que el PP pueda designar más de dos. Los socialistas se reservarían los otros dos.

Mayoría progresista

Así, al salir tres conservadores y entrar sólo dos, el Pleno del tribunal se desequilibraría con siete progresistas frente a cinco conservadores. Como Pérez Tremps está recusado, el pleno que resolvería el recurso de inconstitucionalidad del Estatuto de Cataluña volvería a estar en una relación de seis a cinco, pero esta vez en sentido inverso: a favor de los progresistas.

El estudio del Estatuto catalán, muy complejo, ha sufrido ya varios retrasos, principalmente por culpa del propio PP. Primero, con la recusación del magistrado Pablo Pérez Tremps, que tardó cuatro meses en resolverse. Después, al recurrir de inconstitucionalidad la reforma de la ley orgánica del tribunal. Los populares pusieron este recurso encima de todos los demás por afectar a la propia composición del tribunal. Y finalmente, por alentar la guerra de las recusaciones, de la que el PP salió escaldado con una reprobación del tribunal por "abuso de Derecho" y "fraude procesal".