El tripartito no verificó las operaciones

Los grupos del tripartito aceptaron ayer que el Ejecutivo y las otras instituciones integrantes de la sociedad Berroeta Aldamar (Diputación de Guipúzcoa y Ayuntamiento de Getaria) faltaron a sus obligaciones y no verificaron los contenidos de la subrogación de los contratos de la Fundación Balenciaga en 2005. La sociedad es la encargada de construir el museo dedicado al modisto en su Getaria natal.

"Es responsabilidad de la sociedad Berroeta Aldamar y de los instituciones en ella representadas el no haber verificado los contenidos y obligaciones reales de la mencionada subrogación", reza textualmente la moción aprobada ayer en el Parlamento. El texto insta también al Departamento de Cultura a intensificar el control público y político "para evitar cualquier tipo de irregularidades". La depuración de "eventuales responsabilidades" aguarda a las conclusiones de la investigación abierta en la fiscalía de San Sebastián.

El Parlamento aprobó una propuesta que incluía ese reconocimiento firmada por los grupos del tripartito y por Aralar. Su parlamentaria, Aintzane Ezenarro, denunciante inicial de las irregularidades en la fundación y en la sociedad, resaltó que es la primera vez que el Ejecutivo reconoce su responsabilidad política por lo ocurrido. El tripartito acordó con Aralar el texto para evitar que saliese adelante otro presentado por el PP, que pretendía que los miembros del Gobierno que formen parte de consejos de administración de sociedades (en este caso la titular de Cultura, Miren Azkarate), asuman su responsabilidad como administradores.

La propuesta del tripartito y Aralar salió adelante con las abstenciones del PP y del PSE, para quienes lo aprobado, pese a resultarles insuficiente, supone un primer paso.

Ezenarro destacó que el tripartito ha reconocido por fin que la responsabilidad no es sólo de la gerencia, en manos del ex alcalde de Getaria, Mariano Camio, al que investiga la fiscalía de San Sebastián, sino de las instituciones integrantes de la sociedad, que deberían haber controlado su actuación. La parlamentaria de Aralar estimó que esas instituciones pecaron "de exceso de confianza".

El PP ha pedido que el Parlamento constituya una comisión de investigación. Ezenarro no cierra la puerta a apoyarla, pero dejando que la fiscalía concluya su trabajo. "Cada cosa a su tiempo", señaló.