Agbar ofrece al Gobierno distribuir toda el agua en la región de Barcelona

Aguas de Barcelona se dedica a suministrar agua a domicilios y negocios. Vende, por decirlo de algún modo, al por menor. Tiene sus propios pozos y acuíferos, y cuando el agua de éstos no le alcanza, la compra a Aguas Ter Llobregat (ATLL), empresa pública dependiente del Departamento de Medio Ambiente que distribuye al por mayor (en alta), es decir, a las empresas distribuidoras: Agbar, pero también a sus competidoras. La ambición de Aguas de Barcelona sería gestionar ella misma la distribución en alta y en baja. Lo intentó varias veces con los gobiernos de CiU y lo ha vuelto a intentar con el tripartito. Dentro del Gobierno hay dos tendencias claras: en ICV domina la partidaria de mantener el control del agua en manos públicas; algunos dirigentes del PSC, en cambio, no tendrían inconveniente en conceder la gestión a una empresa privada, por ejemplo, Aguas de Barcelona.

El ámbito de actuación de ATLL corresponde a las comarcas de Alt Penedès, Anoia, Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Maresme, Vallès Oriental y Vallès Occidental, lo que representa unos 1.800 kilómetros cuadrados. La población abastecida supone unos 4,5 millones de habitantes, además de la industria y los servicios del territorio.

Agbar declinó ayer comentar la oferta. "Aguas Ter Llobregat nos ha interesado en el pasado y quizá en el futuro, pero en estos momentos no es una preocupación para la empresa. Estamos concentrados en las medidas relativas a la sequía", dijo el portavoz de la empresa.

CiU sí reconoció haber recibido ofertas de Agbar para hacerse cargo de ATLL en varias ocasiones. "Fue el propio presidente Jordi Pujol quien decidió que no podía ser, que la gestión del agua era cosa del Gobierno y no podía quedar en manos de una empresa privada", explicó un portavoz de la coalición. "De todas formas, hemos oído que ha vuelto a la carga con el Gobierno actual", añadió.

En el Gobierno catalán conviven dos sensibilidades. Una, representada por el titular de Economía, Antoni Castells, no hace ascos a la medida, aunque "ahora no está sobre la mesa", comentó ayer el portavoz del departamento a este diario. No obstante, hace unos meses, Castells comentó al titular de Medio Ambiente, Francesc Baltasar, que la medida supondría tal cantidad de ingresos que acabaría con los problemas financieros de este departamento.

Los intentos de conocer la opinión de Francesc Baltasar resultaron infructuosos. El consejero lleva varios días ilocalizable, desde que se conoció su proyecto de trasvasar agua del Segre al Llobregat. Tampoco fue posible formular la pregunta a la dirección de Aguas Ter Llobregat. No obstante, la medida ha sido discutida en el seno del Iniciativa per Catalunya Verds y la opinión predominante en el partido es contraria a privatizar la gestión del agua. "Sería, como poco, chocante que la privatización del agua que rechazó un Ejecutivo de corte liberal como era el del CiU acabara siendo realizada por un Gobierno de izquierdas", comentó un dirigente de la formación.