La Xunta aumenta las ayudas para el acceso de jóvenes a viviendas en alquiler

La Xunta pretende fomentar el alquiler de vivienda entre los jóvenes subvencionando 4.500 contratos de arrendamiento cada año, para lo que destinará en 2008 hasta 9 millones de euros. Además de incrementar la partida presupuestaria, el decreto aprobado ayer por el Gobierno gallego flexibiliza las condiciones de acceso a la Bolsa de Aluguer para inquilinos y propietarios. Las nuevas condiciones aprobadas por el Consello de la Xunta elevan de 16.798 a 20.121 euros brutos anuales el salario máximo de los perceptores de las ayudas.

El Gobierno permite a los propietarios incluir cualquier piso desocupado

Desde que se puso en marcha el programa de Vivenda en Aluguer en febrero de 2006, la Xunta ha financiado el alquiler a 3.400 personas o unidades familiares. Pero en las listas de espera de la Consellería figuran todavía otros 3.000 jóvenes que aguardan por ayudas para acceder a un piso. Pese a los incentivos de la administración, la demanda de viviendas supera todavía a la oferta. Para romper este desequilibrio en el mercado, la Consellería se ha propuesto vencer la resistencia de los propietarios a incluir sus inmuebles en la Bolsa de Aluguer con nuevos incentivos. Y así, la subvención a fondo perdido que entrega la Administración a los titulares de las viviendas para rehabilitar los pisos alcanzará los 12.000 euros -frente a los 6.000 que percibían hasta ahora.

Además, Vivenda incrementa el precio de los alquileres subvencionables en las grandes ciudades de 450 a 600 euros, que serán 500 como máximo en los ayuntamientos medianos y pequeños, donde menos demanda se ha detectado.Del importe del alquiler, el Gobierno abonará hasta un máximo del 60% en función de los ingresos y las circunstancias personales del inquilino.

La nueva norma flexibiliza también los requisitos para quienes estén interesados en adherir su vivieda al programa de la Xunta. Al contrario de lo que sucedía hasta ahora, Vivenda ha retirado la condición de que el inmueble llevase seis meses vacío para poder ser inscrito en el registro de la Xunta. A partir de ahora, bastará con que se encuentre desocupado en el momento de registrarlo.

La exigencia anterior había sido incluida en su día, según explican fuentes del Gobierno gallego, para atajar una estafa habitual que además de dilapidar los fondos de la administración, encareció el mercado del alquiler durante los últimos años del Gobierno Fraga. La experiencia de los funcionarios de Vivenda demostró que el decreto aprobado por el Ejecutivo del PP permitió que las ayudas se las repartiesen de forma fraudulenta aquellos inquilinos y propietarios que sellaban sus acuerdos por su cuenta sin la mediación de la Xunta. Bastaba entonces con un pacto entre particulares para que Vivenda subvencionase su importe. Esa situación ha cambiado durante los últimos dos años. Ahora, al correponderle al Gobierno gallego la responsabilidad de adjudicar los pisos en virtud de un registro de demandantes, ese peligro se ha evitado.

El contrato que suscriben los dueños de los inmuebles con la Xunta les garantiza el cobro de la renta durante cinco años aunque el inquilino abandone la casa, y conlleva otros derechos que los convierte en beneficiarios de un seguro multirriesgo para el hogar y de asistencia jurídica gratuita. A cambio, los propietarios deberán poner a disposición de la Xunta las viviendas, que antes deberán pasar una inspección para obtener el certificado de habilitabilidad, durante un mínimo de cinco años.

El Consello de la Xunta de ayer, también aprobó una inversión de 64 millones de euros para el tercer tramo de la vía de alta capacidad que unirá las localidades pontevedresas de Tui y A Guarda. Política Territorial autorizó las expropiaciones para el trazado entre Golán y A Guarda, un trecho de 10 kilómetros que incluye la variante de este último ayuntamiento. La declaración de utilidad pública se suma al aprobado el mes pasado para el tramo entre Tui y Tomiño en el que la Xunta invertirá 30 millones. La última parte de la obra entre Goián y Tomiño rondará los 26 millones de presupuesto.