Mutua Universal fue saqueada por empresas de sus directivos
Un informe policial detalla la red y el uso de testaferros
Los gestores de la Mutua Universal desarrollaron una compleja trama empresarial para camuflar el saqueo de los fondos públicos que recibió para sufragar prestaciones a los trabajadores de baja por accidente laboral, enfermedad profesional o incapacidad temporal. Lejos de cumplir tales fines como entidad colaboradora de la Seguridad Social, la cúpula de Mutua Universal, con su máximo dirigente a la cabeza, Juan Aicart, diseñó decenas de empresas instrumentales.
Al frente se situó a empleados como testaferros a los que se les pagaba 1.000 euros al año por encubrir su papel rector de tales firmas. Desde tal red paralela se esquilmaron los fondos públicos con contratos irregulares. Tal es el cuadro que presenta un minucioso informe policial de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que dirige el comisario José Luis Oliveras, al que ha tenido acceso este diario. El saqueo se orquestó bajo el siguiente modo de obrar: los directivos de Mutua Universal crearon una red de empresas que nutría con facturas infladas, pagos por falsos servicios, derivación de actividades que tenían prohibidas o cesión gratuita de empleados.
El fiscal cifra en 183 millones la fianza para los gestores imputados
Por otro lado, al margen de tal engranaje de autocontratación en favor de las empresas de los directivos, Mutua Universal devolvió ilegalmente a sus empresas clientes fondos de las cotizaciones recibidas por un monto superior a los 219 millones de euros desde 1990. Por todo ello, el fiscal anticorrupción David Martínez Madero, en un reciente escrito, eleva a 183 millones la fianza exigible a los cinco gestores de la mutua ya imputados, Aicart a la cabeza, e implica en la trama a otros seis personajes.
Entre ellos, se encuentran Daniel Redondo, el artífice jurídico del "castillete societario" que sirvió para evaporar el dinero público; Jordi Pons, el auditor interno encargado de ocultar a la Seguridad Social las operaciones irregulares que se gestaron en Mutua Universal; o Julio Fernández Sánchez, director de inmuebles reconvertido en promotor privado con dinero público.
Para difuminar riesgos o para sellar el compromiso con la voluntad mafiosa, según se deriva del informe policial, los dirigentes de la Mutua rotaban entre los puestos directivos de la trama empresarial paralela.
