Vecinos del Eixample ganan una batalla legal al Ayuntamiento

Golpe de derribo a un flamante proyecto municipal estrenado hace dos años. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ordenó el pasado miércoles el derribo de las nuevas edificaciones que visten un chaflán del Eixample barcelonés (el de la calle de Villarroel con la de Londres) por falta de zona verde.

"Si el Ayuntamiento no negocia, se derribará todo", dicen los vecinos

El consistorio siguió construyendo el proyecto pese a una sentencia en su contra

Se trata de una escuela, una guardería, un garaje y un bloque de 45 viviendas protegidas que el Ayuntamiento apelotonó en una misma esquina sin considerar sus propias normativas de esponjamiento. Un colectivo vecinal, la comisión de vecinos Pro-Manzana Verde, denunció la falta de zonas ajardinadas cuando el proyecto sólo existía sobre el papel, pero el Ayuntamiento no hizo caso.

Cuatro años después y tras haber gastado 12 millones de euros, la insistencia del Ayuntamiento podría acarrear varias demoliciones. La partida empezó en enero de 2004 y, aunque sigue abierta, el consistorio perdió el pasado miércoles una batalla significativa, a tenor de una resolución que el TSJC consideró firme y ante la que no cabe recurso ordinario alguno.

La postura del tribunal torpedea la principal línea de defensa del consistorio. Ayer, sin variar su discurso, el concejal de Urbanismo de la ciudad, Ramon García Bragado, la reiteró ante los medios de comunicación: "La decisión hace referencia a actos anteriores al cambio de normativa de 2001". Es el escudo con que viene protegiéndose el Ayuntamiento desde 2004 y que no convence al TSJC, órgano que debe decidir sobre el resto de litigios que aún enzarzan a los vecinos y el Ayuntamiento.

La sombra de la demolición alarmó ayer al colegio afectado, el CEIP Mallorca, que vivió un día surrealista. En su segundo curso de vida, a los padres les costaba asimilar la situación. "No puede ser. Todavía huele a nuevo y ya lo quieren derribar", comentaban. Otro grupo de padres realizó una visita al centro para llevar a sus hijos el año próximo, sin saber muy bien porqué. "Quizá cuando traigamos al niño ya no esté", bromearon. Ante un nerviosismo que saturó los teléfonos del centro, el director emitió un comunicado en el que garantizaba que el edificio se mantendrá en pie. El documento exhibe como pruebas el apoyo del gerente del distrito del Eixample, Màxim López ("me ha manifestado que se llegará a un acuerdo"), y el que los demandantes no hayan solicitado la ejecución de la sentencia. Puede que no sea suficiente.

La abogada de la plataforma vecinal, Anna Maria Savall, admitió que no buscan la demolición de "todo" el proyecto afectado, pero exigen que el Ayuntamiento se siente a negociar. Jesús Bolinaga, presidente de la comisión Pro Manzana Verde, asiente, pero subraya: "Si el Ayuntamiento se encierra, solicitaremos el derribo". Esta comisión se contenta con menos, pero la "prepotencia del Ayuntamiento" la está obligando a ir cada vez más lejos. En 2004, sólo pedía que los planos del proyecto respetaran la manzana interior del chaflán afectado. "El proyecto era sólo una escuela y el garaje. El Ayuntamiento lo fue hinchando e hinchando, hasta que nos negamos", dice Bolinaga. Savall recuerda la bravata del consistorio. "Nos dijeron: 'si no os gusta el proyecto, id a los tribunales. Eso hicimos".

Y ahora Bolinaga, que representa a una cuarentena de vecinos del barrio, tiene al Ayuntamiento contra las cuerdas: García Bragado dijo ayer que aún quedaban muchos litigios, pero que seguiría negociando con los vecinos. Savall y Bolinaga se mofaron porque el Ayuntamiento nunca les ha enseñado más que la espalda. "Sólo queríamos una manzana verde para los vecinos, y si siguen con esta actitud, nos obligarán a demolerlo todo", apunta Bolinaga. La comisión se contentaría con derribar las viviendas protegidas porque "son incompatibles con el colegio, no hay sitio para todo".

De hecho, su denuncia se refería sólo a los pisos, pero la sentencia del TSJC anula todo el proyecto, sin excepción. Bolinaga no se siente culpable. "Este proyecto era absurdo desde el principio. La culpa fue suya, que construyeron cuando no tocaba", dice. "No aceptaremos chantajes ni políticas de hechos consumados", corrobora Savall. En julio de 2005, una sentencia del TSJC ordenó parar las obras, pero el juzgado no la ejecutó hasta 2007. Mientras tanto, el Ayuntamiento aprovechó para concluir su proyecto.