Contratos falsos de alquiler para traer a familiares de inmigrantes

Los extranjeros que logran instalarse en España de forma clandestina se encuentran, con el tiempo, ante la imperiosa necesidad de legalizar su situación. La falta de perspectivas sobre una regularización extraordinaria hace que deban buscarse la vida y recurrir a métodos no demasiado ortodoxos. Para ello, se sirven de vericuetos legales con la ayuda de redes organizadas que buscan, a su costa, obtener un beneficio inmediato.

Los extranjeros pagaban 1.200 euros por una casa que nunca pisaron

El Cuerpo Nacional de Policía ha desarticulado hace unos días dos de estos grupos mafiosos, que operaban en Girona y Barcelona. Uno de ellos se dedicaba a firmar contratos falsos de alquiler a varones magrebíes, que esperaban así traer a España a sus mujeres e hijos. Hay tres detenidos. La otra red, integrada por 10 personas que ya han sido detenidas, ofrecía contratos de trabajo ficticios a ciudadanos paquistaníes y de otras nacionalidades que buscaban una vía fácil para regularizar su situación.

Uno de los requisitos necesarios para que un inmigrante solicite la reagrupación familiar es que demuestre, con documentos, que dispone de "una vivienda adecuada". Lo dice la ley. Hace unos meses, el Ayuntamiento de Torroella de Montgrí (Baix Empordà) detectó un incremento de las solicitides para obtener estos informes de idoneidad. Curiosamente, las peticiones coincidieron en el tiempo con decenas de altas en el censo y con la presentación del mismo número de contratos de alquiler por parte de ciudadanos con pasaporte marroquí.

El Cuerpo Nacional de Policía sospechó un posible fraude. Más aún porque todos los contratos procedían de la misma oficina de Agente de la Propiedad Inmobiliaria, regentada por Modest C. L., un viejo conocido en Torroella, que denunciaba un día sí y otro también los supuestos males de la gestión municipal. Los contratos, por si fuera poco, no aparecían en el registro y en ellos constaba siempre el mismo número de teléfono que, paradójicamente, no era el del solicitante, sino el de Ouardani B., nacido en Nador en 1962.

Los investigadores de la Unidad contra Redes de Inmigración (UCRIF) de Barcelona y de la comisaría provincial de Girona constataron, a través de seis expedientes de muestra, que los inmigrantes pagaban unos 1.200 euros por cada vivienda supuestamente alquilada. El engaño residía en que ninguno de ellos llegó a pisar nunca ninguna de las casas, situadas además en una urbanización aislada y de cierto caché de L'Estartit, muy lejos de sus lugares de trabajo. A finales de febrero, los agentes detuvieron a Modest y a Ouardani -que ejercía como mediador con los falsos arrendatarios- por un presunto delito de favorecimiento de la inmigración ilegal.

Idéntico delito se ha imputado a otras 10 personas (tres españoles, tres paquistaníes, dos bangladeshíes, un peruano y otra persona sin identificar) dedicadas a realizar ofertas falsas de trabajo a extranjeros y que tenía su centro de operaciones en un locutorio del Raval.

Juntos habían montado un tinglado de 20 empresas que, en dos años de actividad ilícita, habían ofrecido 221 ofertas. Ninguna de estas sociedades limitadas tenía capacidad real de contratación. Su único objetivo era ganar dinero a costa de los inmigrantes que pretendían, así, regularizar su situación. Cada uno de ellos pagó entre 1.000 y 3.000 euros por contrato. Los que actuaban como captadores de la banda se llevaban un buen pellizco: de 300 a 600 euros.