La campaña llega al 3 de Marzo

Corre el 3 de marzo de 1976. La policía trata de desalojar una asamblea de trabajadores que se había montado en la iglesia de San Francisco de Asís, en Vitoria, en apoyo a una huelga general. Los agentes lanzan gases lacrimógenos contra los cerca de 10.000 trabajadores concentrados en el lugar y aporrean a los que salen de la iglesia. Los obreros responden con piedras. La policía replica con balas. La carga se salda con cinco trabajadores muertos. Vitoria volvió a revivir ayer el dolor al conmemorar el 32º aniversario.

Los partidos aprovecharon la ocasión para meter al 3 de Marzo en la campaña electoral, aunque de manera muy diferente. El PNV, EA y EB cargaron contra la ley de la Memoria Histórica por no reconocer como víctimas del terrorismo a los cinco obreros fallecidos, mientras que el PSE defendió el reconocimiento que hace esta norma de la "lucha de muchas personas", como los trabajadores de Vitoria.

Ramón Jáuregui, cabeza de lista de los socialistas al Congreso por Álava, aseguró que la ley permitirá compensar con 135.000 euros a cada una de las familias de las víctimas. Aunque la norma fue aprobada el pasado mes de diciembre, su desarrollo reglamentario se ha visto interrumpido por las elecciones generales. Con este retraso, la previsión de Jáuregui es que las familias puedan cobrar a final de año, cuando se tramiten sus expedientes. En declaraciones a la agencia Efe, el candidato del PSE criticó la utilización partidista que algunos sectores de la izquierda abertzale realizan del 3 de Marzo.

Por el contrario, para el candidato del PNV al Congreso, Emilio Olabarria, la ley de Memoria Histórica "no resuelve" la reparación política ni económica de las familias de las víctimas. "El hecho de que esta ley no les reconozca la condición de víctimas del terrorismo nos debería avergonzar a todos". Por ello, exige una reforma. La ley concede dicha condición a las personas que sufrieron actuaciones ilegales por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a partir del año 1977, justo un año después de los sucesos del 3 de Marzo.

Mientras, EA se ha comprometido a impulsar una reforma en "profundidad" para que la ley reconozca sus derechos. Según Eusko Alkartasuna, las familias de los muertos, de los heridos y de todos los que sufrieron cárcel por motivos políticos deben ser indemnizados.