19 familias pierden el piso protegido que pagaban desde hace dos años

Compuestos y sin piso. Así se han quedado 19 de las 21 familias de Carballo cuando se enteraron el viernes de que no son los adjudicatarios de las viviendas de protección oficial que llevaban unos dos años pagando religiosamente. Los tres constructores de la promotora Proinber Bergantiños les informaron de que los pisos del edificio, ya casi finalizado en la parroquia de Bertóas, y de los que tienen incluso un contrato de compra-venta, han sido adjudicados por sorteo a otras personas. Sólo dos de los 21 compradores originarios han sido reconocidos.

El embrollo se originó porque la promotora no cumplió los plazos legales para adaptarse al nuevo sistema que la Consellería de Vivenda puso en marcha hace un año para conceder las viviendas de protección oficial. La nueva norma obliga a los solicitantes a inscribirse en un registro, dado que todos los pisos de precio controlado son ahora adjudicados mediante sorteo entre todos los que figuren como demandantes. En el caso de construcciones ya en marcha al entrar en vigor la norma, en febrero de 2007, ese nuevo sistema ideado para evitar que obtengan pisos protegidos personas con rentas superiores al máximo establecido, las promotoras tenían seis meses para entregar a la Xunta los contratos de compra-venta ya formalizados. Era el caso del citado edificio de Carballo, cuyas obras comenzaron en el primer trimestre de 2006.

Pero Proinber Bergantiños no informó a tiempo a Vivenda de la identidad de los 21 propietarios de las viviendas, que fueron sorteadas y adjudicadas a otros demandantes el pasado jueves 28 de febrero.

Los afectados aún no saben cómo salir del enredo. En conjunto entregaron unos 300.000 euros por unas viviendas que valían de media, cuando las compraron en 2006, unos 96.162 euros cada una. Hoy su valor se ha disparado a 114.192 euros cada vivienda."Vamos a luchar por nuestros pisos, lo primero será intentar quedarnos con ellos", afirma José Manuel Loureiro. Aún noqueados por la noticia de quedarse sin una vivienda en la que la mayoría ya invirtió en pequeñas reformas internas para adaptarlas a sus gustos, los afectados se reunieron anoche para perfilar una estrategia conjunta.

Instarán a Vivenda a tratar de buscar una solución, que podría ser la de anular el sorteo o reconvertir esa promoción en construcción libre. "Sea como sea, somos los perjudicados porque no tenemos el piso por el que estuvimos pagando, y al final, para quedarnos con él, deberemos renunciar a la subvención", explicó ayer otro afectado a la Cadena Ser.

La mayoría de los perjudicados cree que la promotora, que estuvo aceptando los pagos de las cuotas de compra y asegurando que el problema con Vivenda estaba en vías de solución, no actuó con mala fe. "Pero sí cometió un error grave al no cumplir los plazos y hubo dejadez, tendría que tener un seguro de responsabilidad civil", añade José Manuel Loureiro.

Loureiro compró el piso en enero de 2006, sobre planos, y ya pagó 14.000 euros gracias a una cuenta de ahorro vivienda, como la mayoría de los afectados. Algunos incluso recurrieron a préstamos bancarios para pagar las cuotas trimestrales a Proinber Bergantiños. El último pago fue en diciembre, un mes después de que cada uno de los perjudicados recibiera una carta de Vivenda notificándoles que se les denegaba la subvención debido a que la documentación había sido presentada fuera de plazo.

Contratos en el limbo

"La promotora nos dijo que no moviéramos un papel, que ya lo iban a arreglar ellos con la Xunta. Pero no volvimos a saber nada hasta el viernes, cuando nos dijeron lo del sorteo", explica, por su parte, José Antonio Bardanca. Como muchos otros, se fio de los constructores y sus preocupaciones se centraron en hacer pequeñas modificaciones en el baño o en la cocina, con muebles a medida, en un piso que esperaba ansioso estrenar en mayo o junio.

El beneficio, según él, sería para la promotora, que no sólo utilizó el dinero de las cuotas para financiar la obra, sino que ahora recibirá casi 20.000 euros a mayores por cada piso, ya que se adjudicaron a precios actuales, no de 2006, cuando se formalizaron aquellos 21 contratos de compra-venta que se han quedado en el limbo.