Las quejas vecinales copan el pleno de Valencia

El debate habitual a dos en el pleno del Ayuntamiento de Valencia -o diálogo de sordos entre PP y PSPV, según el día- se enriqueció ayer con la voz de diferentes colectivos que tomaron la palabra para expresar su preocupación sobre temas diversos de la mano de mociones presentadas por el Grupo Socialista.

Abrió el fuego Salvem El Cabanyal para denunciar la actuación de la empresa mixta del Ayuntamiento y la Generalitat para gestionar el plan de prolongación de Blasco Ibáñez, pendiente de una sentencia de Tribunal Supremo. La plataforma acusó a Cabanyal 2010 de dejar solares sin vallar llenos de suciedad y de regirse por "intereses especulativos". La empresa, según la plataforma y la asociación de vecinos, permite que familias marginales se asienten en casas vacías e insalubres, lo que degrada el barrio. En un caso incluso con contrato, una acusación que el PP tacha de "bulo".

Con estas denuncias como telón de fondo, el concejal socialista Vicente González Móstoles pidió al PP que suspenda la actividad de Cabanyal 2010, objeto de una investigación de la Comisión Europea por posible vulneración de directivas de contratación pública. El teniente de alcalde, Alfonso Grau, negó la supuesta infracción y acusó a los socialistas de defender la prolongación de la avenida en el plan general de 1988. El conflicto de El Cabanyal lleva años enquistado y vuelve al pleno una y otra vez.

Ocurre lo mismo con las denuncias de los vecinos de la clínica Virgen del Consuelo, que ayer expusieron su perplejidad por la autorización de un aparcamiento al centro en uno de sus patios de manzana. El ruido, emanaciones de gases y otros problemas hacen "inhabitables" los hogares de 400 familias que rodean el hospital, explicó un vecino. Una segunda afectada exigió a la alcaldesa, Rita Barberá, que cumpla con su compromiso de trasladar la clínica. Las explicaciones políticas las pidió la concejal socialista Carmen del Río, que logró que el responsable de Urbanismo, Jorge Bellver, explicara que busca la solución en el nuevo plan general.

Otras dos mociones, del edil José Luis Ábalos, abrieron el micrófono al público. Valencia en Bici pidió un pacto de movilidad y zonas de velocidad restringida. El PP aceptó poner "voluntad política" para ampliar las zonas 30. Rechazó, en cambio, la revisión de precios de los aparcamientos públicos, los más caros de España, según un estudio. La UCE intervino para que se la tenga en cuenta al negociar con las concesionarias.

Sin contrapunto desde la tribuna, el PP aprobó la tercera recalificación favorable al Valencia CF, que podrá construir un hotel junto al nuevo estadio. Estará un mes en exposición pública. González Móstoles, que se lio con los usos terciarios en el terreno, denunció que es una operación urbanística ad hoc que enriquece al Valencia con nuevas plusvalías a costa del Ayuntamiento. Bellver le llamó mentiroso y aseguró que no aumenta la edificabilidad por autorizar un hotel -en contra del plan general-.

El deslinde de El Saler, que afecta a la franja de costa municipal, desató otro agrio debate en el que Del Río acusó a Barberá de "deslealtad" por pedir la intervención de la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, dos horas antes de cargar contra el Gobierno. El único acuerdo entre PP y oposición, sin intervenciones, quedó escrito en la propuesta de la portavoz socialista, Carmen Alborch, para impulsar el plan de igualdad y crear el Consell de la Dona.