Izquierda y fiscalidad

La campaña electoral se ha convertido en un mercadillo de rebajas fiscales. Si el Partido Socialista gana las elecciones del 9 de marzo, el modelo tributario previsible al final de la legislatura es del siguiente tenor: en lo que respecta a la imposición directa, supresión del impuesto sobre el Patrimonio; eliminación paulatina del de Sucesiones y Donaciones entre familiares directos; mantenimiento de la estructura dual del IRPF, con las rentas de capital (intereses, dividendos, plusvalías, arrendamientos...) gravadas al 18% y las rentas restantes a unos tipos efectivos más reducidos que los actuales, por obra de la deducción estrella de los 400 euros en cuota; y un Impuesto de Sociedades que acabará perdiendo hasta una decena de puntos del tipo general a la vez que mejoran las deducciones por inversión en intangibles. Y cuando el cajón flaquee, se echará mano de la imposición indirecta, por ejemplo, subiendo el IVA un par de puntos, tal como sugiere un antiguo cargo socialista, hoy presidente del Consejo de Cámaras de Comercio. En resumen, una fiscalidad que firmaría cualquier partido de derechas, caracterizada por una pérdida de progresividad en el conjunto de la imposición directa, a pesar del premio de los 400 euros, y por un aumento de la regresividad derivado del creciente peso relativo de la imposición indirecta sobre la directa.

No hay que olvidar que la mejora del bienestar social cuesta dinero, el que unos tienen y otros no

La izquierda es la igualdad, proclaman enfáticamente muchos políticos socialistas. Pero definición tan escueta y contundente parecería exigir un principio de acción severo como el que durante años compartieron los dos comunismos clásicos, el anarquista y el marxista: "De cada uno según sus capacidades, a cada uno según sus necesidades". Todo lo contrario de la consigna lanzada en China por Deng Xiaoping: "Enriquecerse es glorioso", que certifica, a modo de epitafio cochambroso, la defunción de una aventura histórica ambiciosa que merecía otro final. Muchos años antes, la izquierda socialista había renunciado ya a la utopía de la sociedad sin clases para instalarse en un terreno menos exigente llamado socialdemocracia.

Tras aceptar sin paliativos el sistema económico de libre mercado, que constitutivamente es el reino de la desigualdad, la izquierda se ha visto obligada a reelaborar su discurso igualitario. La componenda teórica resultante ofrece un claro perfil transaccional: se renuncia a modificar el desigual estatus económico de los ciudadanos, pero, en contrapartida, se impone garantizar para todos un estándar mínimo de bienestar. En definitiva, la izquierda renuncia a la comunidad a cambio de postular el reparto o redistribución como forma vicaria de igualación que corrija los desmanes del mercado. Reparto al que se llega por dos vías: las políticas de gasto, para que reciban más los que más necesitan; y las políticas de ingresos, diseñadas para que paguen más los que más tienen. En consecuencia, la magnitud del gasto público y la progresividad del sistema tributario pasan a ser dos de los signos de identidad de la izquierda de nuestros días.

Veamos qué es lo que sucede realmente en el espacio europeo, referente mundial de las políticas socialdemócratas. Tanto en la Europa de los 13, como en la de los 25 o en la de los 27, los ingresos fiscales, incluidas las contribuciones a la Seguridad Social, representan, como promedio, un 40% aproximado del PIB, lo mismo que hace una decena de años. En este tiempo, España ha reducido de siete a cuatro puntos su desfase con respecto al promedio, colocándose en el entorno del 36%. Suecia y Dinamarca, los dos países líderes en peso relativo del gasto público, rebasan el 50%. Por su parte, Estados Unidos y Japón se encuentran a una gran distancia del promedio europeo, alrededor de trece puntos en ambos casos. En conclusión, la mayor carga fiscal soportada permite a los países de Europa -y a España en una medida inferior a la media- practicar unas políticas de gasto que les son vedadas a otras sociedades desarrolladas.

Pero si la magnitud del gasto se mantiene, la tendencia de la fiscalidad europea apunta a una disminución de la progresividad. En el IRPF los tipos españoles se hallan por encima de la actual media de la UE-27, pero lejos de los países nórdicos o de Holanda, con tipos marginales están encima del 50%. En conjunto, se tiende a una bajada moderada de tipos, frente a lo que viene ocurriendo y se atisba para el futuro inmediato en el Impuesto de Sociedades, donde los descensos van a ser bruscos y rápidos en toda Europa, situándose los tipos entre el 15% y el 25%. La relajación experimentada por la fiscalidad de las rentas de trabajo en lo que va de siglo ha llegado a su fin, mientras que las rentas de capital permanecen con un gravamen estabilizado o ligeramente creciente. Por su lado, la imposición indirecta sigue un lento crecimiento, salpicado por alguna subida de tipos sorpresiva, como la de tres puntos en el IVA aplicada por Alemania en 2007.

¿Oportunismo electoralista del PSOE? En absoluto, porque su programa fiscal se coloca, igual que la del PP, a rebufo de esa gran corriente que a través de las últimas décadas han ido generando en Europa las prácticas liberales y socialdemócratas. ¿Es coherente etiquetar de izquierdas una propuesta semejante? Si el rótulo nació en París como una necesidad topográfica, no lo despreciemos ahora que estamos en la era de la señaléctica. Pero, en cuanto al fondo del asunto, la nueva fiscalidad que presenta el PSOE cumple sobradamente la premonición, anticipada por Marx respecto al socialismo democrático de su tiempo: de que su vocación podría limitarse a perseguir los ideales igualitarios y democráticos, tal como eran percibidos por la burguesía ilustrada.

Las izquierdas actuales saben y aceptan que el socialismo ha tenido una vida efímera incluso como utopía, pero se consuelan exhibiendo legítimamente las cotas de bienestar de las sociedades socialdemócratas no alcanzadas por otros regímenes. Han dicho un "no" definitivo a la igualdad en propiedad y riqueza, pero se esfuerzan con empeño en equiparar a todos los ciudadanos en derechos civiles, políticos y sociales. Convendrá, sin embargo, que no olviden algunos de los riesgos que entraña ese trueque histórico de igualdad económica por igualdad jurídica. Ante todo, dos evidencias elementales: una, el dinero continúa siendo una fuente espléndida de derechos; y dos, la mejora del bienestar social cuesta dinero, el que unos tienen y otros no. La izquierda, en suma, habrá de vigilar que los derechos reconocidos a la ciudadanía sean algo más que títulos retóricos vacíos de contenido. Porque sin dinero haríamos de la igualdad democrática la caricatura sobre la que ironizaba Anatole France al recordar que la ley, en su sublime equiparación, prohíbe por igual a necesitados y opulentos pernoctar debajo de los puentes.

Pedro Larrea es licenciado en Derecho y Ciencias Económicas.