A río revuelto, ganancia de cazadores

Los cazadores se sienten incomprendidos, marginados y agraviados por su entorno, y en ciertos aspectos es probable que tengan razón. La caza es una actividad recomendada por el Consejo de Europa a sus Estados miembros pero no parece que el Estado y las comunidades autónomas apuesten por un fomento de esta actividad, a pesar de ser practicada por cerca de un millón de personas, padeciendo un grave déficit de atención. Al ser una competencia autonómica son harto frecuentes los desencuentros entre los funcionarios de turno y los titulares de cotos de caza. A nivel estatal se han promulgado recientemente algunas normas difícilmente comprensibles, como el decreto que considera a los perros de rehala animales de producción, lo que obliga a todos los propietarios de perros de caza mayor a desinfectar los vehículos en un establecimiento sanitario cada día que salen de caza.

Perjudica a la imagen de los cazadores utilizar argumentos opuestos a la conservación

La Unión Europea se ha mostrado rigurosa en sus directivas sobre el medio ambiente, sobre todo en lo que se refiere a la caza en periodo de celo o de migración. Ello ha supuesto el fin de algunas modalidades de caza tradicionales, como los zorzales con liga, o la contrapasa de palomas. Hasta los jueces parecen en contra del cazador, al hacer caso omiso de la enmienda a la Ley de Seguridad Vial que exculpa a los cotos de caza de los accidentes provocados por animales silvestres. La agricultura moderna constituye otro problema añadido.

Entre otros aspectos, algunos de los fertilizantes y productos fitosanitarios que se utilizan masivamente en agricultura son tóxicos e incompatibles para la vida silvestre, pero ante la Administración el agricultor siempre estará por delante del cazador.

En este río revuelto de amargura y decepción han pescado con éxito los intereses políticos, ingeniándoselas hábilmente para canalizar el descontento generalizado del sector y organizar una protesta masiva contra el Gobierno español solamente una semana antes de las elecciones. Es evidente que el Gobierno es solamente responsable de una pequeña parte de los problemas del cazador, ya que los restantes proceden de orígenes muy diferentes, pero sobre todo de las CCAA, responsables de la gestión de la caza en nuestro país, de la Unión Europea, de los jueces, los agricultores... etcétera.

Además del tufillo político que de por sí desprende una manifestación convocada una semana antes de las elecciones generales, al sector de cazadores más próximo a las posturas conservacionistas de este país le cuesta entender los argumentos del manifiesto que promueve la manifestación. El detonante es la nueva Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, que aparentemente no trae grandes novedades respecto a la legislación vigente. Los argumentos principales son poco convincentes, como el que se refiere a la munición de plomo. La ley prohíbe utilizar munición de plomo en humedales protegidos (ya lo estaba en la mayoría) y los convocantes afirman que esta medida amenaza a la caza en más del 40% del territorio nacional. Al margen del asombro que provoca esta afirmación, la Federación de Caza, principal convocante de la manifestación, no recuerda que ella misma, adscrita a la Federación Europea de Caza (FACE), firmó un manifiesto con Birdlife para cambiar la munición de plomo en humedales antes del año 2009, como lo han hecho y lo hacen los cazadores responsables en otros lugares del mundo. El propio Rey de España, orgullo de todos los cazadores del país, se interesó y fue informado por el Ministerio de Medio Ambiente acerca del cambio de la munición de plomo, en el periodo de gestación de la ley. Por otra parte se hace mucho hincapié en los efectos de la Red Natura 2000 que es una red de espacios naturales que abarca la cuarta parte del país, y que trata de proteger los entornos mejor conservados de amenazas inmobiliarias, industriales y de cualquier otro tipo. Los convocantes alertan ante el hecho de que poco menos se van a expropiar un buen número de fincas de caza, o al menos limitar drásticamente su uso. En realidad la Red Natura 2000 existe desde hace casi dos décadas, ya que recoge los espacios protegidos promulgados por la Directiva de Aves y de Habitats de los años 80. En todo este periodo no ha habido graves limitaciones al derecho de cazar ni conflictos serios. Por el contrario la Red Natura 2000 trajo proyectos europeos a distintas fincas de caza españolas que repartieron casi 1.000 millones de pesetas entre los propietarios de los terrenos, que al final recibieron un reconocimiento de manos del príncipe Felipe en un acto emotivo y esperanzador para los verdaderos cazadores conservacionistas.

Con argumentos similares a los indicados, los convocantes de la manifestación han creado un clima de alta tensión y han movilizado a buena parte de los estamentos cinegéticos del país. No han faltado las críticas de las asociaciones más jóvenes y vanguardistas de cazadores, pero entre el clima de persecución, la fuerza de la maquinaria federativa (cerca de 400.000 miembros) y la oportunidad para muchos de matar dos pájaros de un tiro, asestando un golpe al partido del Gobierno, no sería de extrañar que la manifestación reúna una cifra histórica de participantes.

Es cierto que la manifestación va a contribuir a que la sociedad española conozca que hay un amplio colectivo desatendido, lo cual es positivo, pero es contraproducente para la imagen del cazador el que buena parte de los argumentos sean radicalmente opuestos a la conservación. Además, mezclar caza y política nunca dio buenos resultados, como se puso de manifiesto en otros países vecinos.

Juan Delibes es biólogo y director del canal Caza y Pesca TV.