Erne y ELA abren en la Ertzaintza otro frente de conflicto al Gobierno
Ambas centrales censuran a Interior por "saltarse las reglas de juego"
Cuando la conflictividad en la Sanidad vasca sigue activa, aunque un poco en sordina tras el descafeinado paro general de la semana pasada, irrumpe otro frente para el Gobierno vasco: la Ertzaintza. Los cambios en los grupos policiales, decididos unilateralmente en una orden del pasado 27 de diciembre por el director de la Ertzaintza, Jon Uriarte, han terminado por arruinar la negociación del nuevo convenio.
Balza: "El convenio no tiene como materia de negociación el cambio de grupo"
Interior quiso empezar a pactar en la mesa general las nuevas condiciones laborales de los ertzainas en la segunda quincena de enero. Pero el sindicato mayoritario Erne y ELA abandonaron la mesa y dejaron claro que mientras Interior no retire la orden no hay negociación posible.
Interior ha intentado retomar los contactos. Incluso se ha producido un intercambio de misivas entre los responsables de la consejería que dirige Javier Balza y la central mayoritaria. Pero ambos sindicatos han cerrado cualquier posibilidad de negociación. Y hoy dan un paso más: representantes de Erne y ELA anunciarán el "inicio de un conflicto laboral" entre los 8.000 agentes de la policía vasca. El motivo principal: la decisión de Interior de modificar los grupos policiales para garantizar la presencia en todos ellos de agentes femeninos y euskaldunes, "saltándose a la torera el convenio vigente, las reglas de juego y sin negociar nada con los representantes sindicales de los policías", según criticarán hoy en Bilbao.
El consejero de Interior, Javier Balza, en una respuesta parlamentaria planteada por el PP sobre este asunto, niega que la orden haya vulnerado el convenio colectivo. Balza contesta al parlamanterio Carlos Urquijo que el acuerdo regulador en la policía vasca "no establece como materia de negociación el cambio de grupo".
Intentándo adelantarse al movimiento sindical de hoy, el Departamento ha convocado de nuevo el próximo jueves a las centrales para abrir la negociación.
Paralelamente a este tira y afloja, seguía abierta la batalla por este mismo asunto en los tribunales. Sin lugar a dudas, Interior ha ganado en ese frente una batalla importante: ha evitado que una juez de lo Contencioso-Administrativo suspenda cautelarmente la aplicación de la orden, tal y como habían solicitado dos agentes afectados por los cambios de grupo, aunque no se ha entrado en el fondo del caso: si se ha vulnerado el derecho a la igualdad ante la ley.
Y pensaba que, muerto el perro, se acabó la rabia, pero la estrategia sindical ha sido dar un salto para llevar el conflicto desde las comisarías y los tribunales a la calle. Erne cree tener un as en la manga: el informe de la Fiscalía en el que rechaza los argumentos utilizados por Interior para colocar mujeres y agentes con perfil lingüístico.
El recurso invoca los "perjuicios" de los cambios
La juez de lo Contencioso Administrativo encargada del caso de los cambios de grupos en la Ertzaintza se negó hace diez días a suspender cautelarmente la orden del director de la Ertzaintza por la que se pretendía asegurar la presencia de una mujer y de un euskaldun en todos los grupos policiales. Por contra, el recurso presentado la semana pasada contra esa resolución argumenta que no suspender la orden de Interior "acarrearía perjuicios de muy difícil compensación" y "sacrificios" entre los agentes afectados. Entre ellos, los demandantes, un agente euskaldun destinado en Gernika y una ertzaina de Bilbao, enumeran las limitaciones para "disfrutar las vacaciones, licencias, permisos por excesos de horas...".
Y añaden a esa relación "el sacrificio de haber tenido que adaptarse a los nuevos grupos de trabajo a los que ha sido adscritos". Sacrificios y molestias que se volverían a producir si la sentencia final sobre el fondo del asunto es favorable a sus intereses, al "tener que pasar por una nueva fase de adaptación" al ver modificado de nuevo su destino. Y estiman que se ha conculcado un derecho fundamental: el de la igualdad ante la ley, que es el fondo del asunto planteado por los dos ertzainas, sin que "pueda el mismo ser posteriormente resarcido de forma conveniente". La orden, en principio, es susceptible de afectar a 28 unidades de la Ertzaintza de un colectivo de unos 5.000 agentes. Pero el propio director de la Ertzaintza, Jon Uriarte, reconoció en un informe elevado a la juez que, hasta el 22 de enero, únicamente se habían producido 14 cambios (9 por euskera y cinco de mujeres). Javier Balza, ha elevado la cifra a "una veintena", en una respuesta parlamentaria del pasado 14 de febrero a una cuestión planteada por el PP. "Dada la sorprendente escasez de personas que de momento se han visto afectadas -no sabemos lo que pasará el día de mañana-, es claro que no podemos hablar de gran intensidad para el interés público en cuanto a la necesidad de tener que ejecutar la instrucción, sino todo lo contrario", apunta el letrado en su recurso.
Y si el interés público apenas está afectado, añade, "parece obvio que bastarían perjuicios de escasa entidad para poder justificar la suspensión" de la orden de Interior. La juez, que no entró en el fondo del asunto, entendió que los agentes no habían probado suficientemente esos perjuicios.
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