3.600 peticiones de dependientes, atascadas en el Ayuntamiento

Al menos 3.600 solicitudes de ayuda a los madrileños que no pueden valerse por sí mismos, recogidas en la nueva Ley de Dependencia, están en las oficinas del Ayuntamiento. A 12 de febrero, un mes después de que se pudieran solicitar, 4.479 personas que sufren gran dependencia, las que están en situación más grave, habían solicitado ser valoradas, según los datos facilitados por la concejal responsable del área, Concepción Dancausa, en una comisión del área de Asuntos Sociales celebrada el día 13. Sin embargo, la gran mayoría (3.603) estaba pendiente de ser tramitada, bien por "requerirse más documentación" acerca del interesado (387) o "pendientes de una cita" con el mismo (716), o bien "pendientes de ser grabados" en el sistema informático (2.500). Es decir, que la mitad ni siquiera se había introducido en la base de datos municipal.

"Hay falta de personal para gestionar los datos", afirma IU

Al Ayuntamiento le corresponde hacer un "informe social" que contenga las condiciones en las que vive el interesado, un informe médico y un certificado de empadronamiento. Y enviarlo a la Comunidad, para que ésta se lo devuelva después y completarlo. Y, finalmente, volverlo a remitir a la Comunidad para que, por fin, realice el Plan Individualizado de Atención, el PIA, que definirá qué tipo de servicio se le da al beneficiario del nuevo derecho.

Este vaivén administrativo supone un año de espera (a tres meses por paso), si no hay incidentes de ningún tipo (falta de documentación, recursos por la baremación, etcétera). Algo que, a la vista de los datos presentados por Dancausa, ocurre con frecuencia y que desde la Comunidad se confirma: "Invertimos todo el tiempo en resolver los recursos que nos llegan porque los usuarios no están de acuerdo con el grado de dependencia que se les otorga", dicen en la consejería.

Para agilizar los trámites, "el Ayuntamiento ha puesto a algunos funcionarios para transferir los datos de los dependientes atendidos ya por la Comunidad e integrarlos en el nuevo sistema", explica la concejal de IU Milagros Hernández, quien, desde que se aprobó la Ley de Dependencia (diciembre de 2006), se dedica a recorrer los distritos, Power Point en mano, para explicar a los vecinos sus derechos. Según Hernández, y pese a que fuentes del Consistorio aseguran que tienen a 487 trabajadores sociales dedicados "a cuestiones relacionadas con la aplicación de la ley" (sin especificar más), hay una "falta de personal para gestionar las solicitudes".

En la Concejalía de Asuntos Sociales se limitan a decir que están en plazo: "Comenzamos a recibir solicitudes el 11 de enero y tenemos tres meses para resolverlas". Y añaden: "Al principio llegan en avalancha". Pero, a la luz de los datos, los funcionarios no dan abasto para tramitarlas.

Y, mientras, la concejal y la consejera de Asuntos Sociales, Gádor Ongil, presentan un informe de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM) que analizan la oferta y la demanda de la dependencia en Madrid, "con el objetivo de que la iniciativa pública y privada tenga la posibilidad de adaptarse a las necesidades del futuro", explica un portavoz de Montoro y Asociados, autores del estudio presentado ayer. "O sea, para sopesar el negocio que tiene el sector", dice Hernández. El estudio, basado en datos del INE y del Libro Blanco de la Dependencia, asegura que 283.000 personas requieren "cuidados de larga duración" en la región. Un filón para las empresas que lleguen a conciertos con la Comunidad. La realidad reconocida por todas las administraciones es que en la región hay unos 23.300 grandes dependientes y 129.000 personas con algún grado de dependencia. Algo más de 19.000 solicitudes se han presentado hasta la fecha y se han resuelto 12.600.