Barcelona impone más de 33.000 multas por beber en la calle

El Ayuntamiento de Barcelona impuso el año pasado 33.302 sanciones a ciudadanos por consumir alcohol en la vía pública, otras 32.245 por compra venta ambulante y se incautó de 129.971 latas que eran vendidas en la vía pública, según informan fuentes municipales. Tanto el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública como la compra venta ambulante no están autorizados por la ordenanza municipal de convivencia, conocida como la de civismo, que entró en vigor en 2006. Durante su segundo año de aplicación, se sancionó a 104 personas que compraron en puestos de venta ambulante. Además, se multó a 9.025 ciudadanos por orinar o escupir en la vía pública.

El Consistorio sancionó a 2.937 personas por prostitución

La concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Barcelona, Assumpta Escarp, explicó que la intención del Consistorio es actuar de forma "preventiva", por ejemplo, en los casos en los que se deben requisar latas. Por ello, añadió Escarp, "hay cosas que se empieza a notar que ya no están en el espacio público, como los limpiacristales".

En el caso de la venta ambulante, la concejal dijo que "la presión [sobre los vendedores] se nota mucho", y agregó que se puede percibir que "han cambiado las costumbres". La estrategia, añadió, consiste en "mantener la presión y no aflojar en ningún lugar de la ciudad". De esta forma, razonó Escarp, los manteros se ven obligados a trasladarse a otras ciudades del área metropolitana, que ya están adoptando medidas similares a las de la capital catalana.

El Ayuntamiento también impuso 2.937 sanciones relacionadas con el ejercicio de la prostitución en la vía pública. De éstas, 874 recayeron en clientes. La ordenanza cívica prevé, en sus artículos 35 y 39, sanciones que oscilan entre 120 y 750 euros a las prostitutas que ejerzan su trabajo en la calle, que invadan o impidan el tráfico de vehículos o estén situadas a menos de 200 metros de centros educativos. La concejal dijo que la presencia de prostitutas en el Raval o la ronda de Sant Antoni y en Glòries ha disminuido en el último año. La actuación del Ayuntamiento también se centra en operaciones contra las redes de explotación de mujeres y de inmigración ilegal, y contra los pisos que funcionan como casas de citas.

Escarp quiso destacar que la ordenanza del civismo no se creó como un mecanismo de obtención de recursos, sino que el fin último consiste en acabar con actividades ilegales que ocurrían en la ciudad. Para ello, la concejal previó "salidas" tanto para las prostitutas como para los vendedores ambulantes, inmigrantes o nacionales, que estén interesados en normalizar su situación consiguiendo un trabajo legal.