La Comunidad impide abortar a las menores que están bajo su tutela

El Gobierno regional no quiere que las menores que están bajo su tutela puedan ejercer su derecho al aborto cuando están dentro de los supuestos legales para hacerlo. La Comunidad, a través del Instituto Madrileño del Menor y la Familia (IMMF), dilata los procesos de autorización meses y meses hasta provocar situaciones desesperadas en las adolescentes, angustiosas hasta para los trabajadores de los centros de menores, que han buscado ayuda y orientación fuera de la Administración regional.

Algunas adolescentes se han visto obligadas a acudir a los juzgados, a la Fiscalía de Menores o al Defensor del Menor para hacer valer sus derechos.

Entre tanto trámite, el tiempo pasa y, lo que inicialmente era un aborto a las cuatro semanas de gestación, se convierte en una traumática interrupción de embarazo de más de cinco meses. Le ha pasado a una chica de 16 años que lleva cuatro meses sin obtener una autorización de la Comunidad, pese a tener los informes psiquiátricos.

Otra menor se fugó del centro en el que vivía y su madre, aunque no tenía la tutela, la acompañó a abortar. Y otra ha tenido que pedir amparo a los jueces: en concreto, al Juzgado de Familia número 27 de Madrid. En este caso, antes de que la juez resolviera, la Comisión de Tutela del IMMF -que es la que autoriza la interrupción del embarazo-, cambió de opinión y la ha autorizado. La chica está ya embarazada de cuatro meses.

La Comunidad asume la tutela de los menores cuando éstos están en situación de desamparo. A partir de ese momento, el IMMF hace de padre y de madre de los chicos. Y, como los progenitores, tiene que autorizar el aborto cuando alguna de sus "hijas" lo desea. Dos fuentes de los centros señalan que desde que la diputada del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, Paloma Martín, llegó a la gerencia de este organismo, en julio de 2007, resultan casi imposibles las autorizaciones. Martín no accedió ayer a dar explicaciones a este periódico, pese a que fue ella quien promovió el cambio en la composición de la comisión de tutela, plasmada el 8 de febrero de este año en el BOCAM. "Antes estaba formada íntegramente por técnicos especializados en menores que llevaban desde 1995 y ahora se han incorporado cargos de confianza con carácter más político", explica Carmen García Rojas, diputada socialista en la Asamblea.

En la Consejería de Asuntos Sociales se negaron a facilitar los datos de las menores que han abortado en el último año: "Porque no debemos hacerlo, son como nuestros hijos y nosotros no tenemos por qué hablar de lo que les pasa", argumentaron. Para justificar el retraso en los permisos, adujeron: "A veces las niñas no acuden a los reconocimientos médicos y psiquiátricos preceptivos o cambian de opinión".