La convulsión urbanística

En la legislatura que acaba de terminar la Consejería de Obras Públicas se propuso cerrar los pilares normativos sobre los que se debe sustentar el desarrollo urbanístico de Andalucía en los próximos años: Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) y planes subrregionales en las principales áreas urbanas, a los que se sumó después la iniciativa de una ley sobre el derecho a la vivienda.

El camino se había iniciado en la legislatura anterior, con la aprobación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), la primera normativa de suelo autonómica en 20 años de autogobierno, que entró en vigor en enero de 2003. Tras las autonómicas de 2004, el presidente de la Junta renovó mandato al frente de Obras Públicas a Concha Gutiérrez del Castillo con la encomienda de completar el dibujo de la ordenación territorial.

Básicamente se trataba de diseñar una planificación que garantice crecimientos urbanísticos dotados siempre de infraestructuras y servicios públicos precisos y que no agoten los recursos naturales.

Del empeño han surgido fricciones y la legislatura ha resultado convulsa, quizá porque como sostiene un conocido urbanista los tiempos de expansión inmobiliaria no son propicios para la planificación, porque hay muchos intereses en juego, por más que nadie crea que los ritmos de crecimientos eran sostenibles.

El empeño de la Consejería de Obras Publicas ha causado de hecho muchas fricciones, especialmente a causa del POTA, aprobado en diciembre de 2006 e impugnado por varias asociaciones empresariales. La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) llegó a acusar a la Junta de deslealtad por romper la concertación social. Y en el frente político, el PP ha declarado un combate con el que persigue la derogación del POTA.

La CEA se quejaba de que la norma más trascendente del POTA no fue consultada en la mesa de concertación social como el conjunto del documento -fue introducida en el trámite parlamentario por iniciativa de IU-.

Se trata de la famosa norma 45 que determina que la Junta no aprobará planes de ordenación urbana municipales que contemplen en ocho años un crecimiento del 30% de la población existente o del 40% del suelo urbano actual.

La norma fue sumando rechazos, de alcaldes de todo color político, incluida IU, y incluso de urbanistas que comparten filosofía con la Junta. Se le achacaba a la norma además de ser injusta por establecer un mismo límite para situaciones muy dispares, que impedía crecer a municipios pequeños.

Finalmente, hace menos de un mes, el Consejo de Gobierno de la Junta aprobó una rebaja de los límites para los municpios mayores de 10.000 habitantes, que podrán crecer entre el 40% y el 60% en población, y eliminar los suelos industriales del cómputo para calcular el 40% tope de nuevos suelos urbanos.

Fue una medida previamente pactada por la Junta con la Federación de Municipios y Provincias (FAMP) y la CEA y que permitió aprobar el Plan de la Vivienda que contempla el compriso de las partes a construir 700.000 nuevas casas en 10 años, 300.000 de ellas de VPO.

No es ni mucho menos el primer cambio normativo en esta convulsa legislatura. En 2005 se aprobó la Ley de Medidas de Vivienda Protegida y Suelo, que reformaba algunos apartados de la LOUA apenas a los dos años de entrar en vigor. Esta norma extendió la obligación de destinar el 30% de los nuevos suelos en desarrollo a VPO a todos los municipios, sea cual sea su ntamaño. Uno de los puntos más polémicos fue la prohibición a los ayuntamientos a disponer del dinero que recaudan por anticipado de convenios urbanísticos hasta que no están aprobados definitivamente los planes que garanticen que la actuación acordada es viable.

También los planes subrregionales han motivado fricciones entre la Junta y los ayuntamientos. El de la Costa del Sol Occidental por ejemplo ha sido impugnado por dos alcaldes socialistas, los de Mijas y Estepona. Todos además van con retraso, y esta circunstancia junto a los sucesivos cambios de las normas a aplicar son usados como excusa por los ayuntamientos para no haber adaptado aún sus planes urbanísticos a la LOUA aprobada hace cinco años, proceso que apenas han iniciado un tercio de municipios.

Para la nueva legislatura queda mucha tarea sobre la mesa.